Senado de la República respalda financiación de la educación superior pública por parte del Estado

Cámara alta del Congreso de Colombia aprobó en segundo debate proyecto que modifica la Ley 30 de 1992, que busca salvar a las universidades públicas del déficit financiero.

La plenaria del Senado de la República aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley con el que se busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el cual se establece la forma en que son financiadas las universidades públicas del país.

Se trata de un proyecto que propone modificar el cálculo con el que anualmente se incrementan los recursos asignados, vía Presupuesto General de la Nación, a estas instituciones.

Actualmente este cálculo se hace mediante el IPC, es decir, la inflación. La propuesta es que ahora se utilice el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), del Dane.

De acuerdo con cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa a todas las universidades públicas del país, históricamente los costos de las universidades públicas se incrementan en promedio cada año 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC, y en algunos casos mucho más.

Esta diferencia entre el incremento anual de los costos universitarios y lo que se aumenta a la base presupuestal de las universidades ha llevado a estas a arrastrar con un déficit presupuestal que, según cálculos del SUE hoy alcanza los 17 billones de pesos, es decir, el dinero que se podría recaudar con una reforma tributaria. Solamente en funcionamiento (vinculación docente y trabajadores) se estima una cifra de 3.5 billones de pesos.

El articulado pasa ahora a la Cámara de Representantes donde deberá surtir dos debates para que se convierta en Ley de la República. La iniciativa contempla tres aspectos sustanciales: 1. Cambia la fórmula de cálculo de la base presupuestal (que no esté atada a la inflación sino al índice de educación superior). 2: Crea una base presupuestal para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (que no dependan de Asambleas departamentales y Concejos municipales) y 3. Contempla que la inversión en educación superior pública llegue al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

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