Entidades territoriales deben priorizar inversiones en bienes y servicios públicos rurales

Así lo establece la Ley 2515 de 2025, que entrega nuevas responsabilidades a departamentos y municipios.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2515 de 2025, que establece lineamientos estratégicos de política pública para la ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos rurales y se dictan otras disposiciones, los departamentos y municipios, en el marco de su autonomía administrativa y garantizando la destinación especifica de los recursos del Sistema General de Participación establecidos en el orden constitucional, deberán priorizarán inversiones en zonas rurales para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos rurales que sean sujetos de ser financiados con esta fuente de recursos, con el propósito de corregir el sesgo de inversiones a favor de las cabeceras municipales.

Para hacer efectivas estas nuevas responsabilidades de las entidades territoriales, todos los niveles de gobierno tendrán que concurrir en la formulación coordinada y articulada de políticas públicas que deberán tener en cuenta las circunstancias y particularidades rurales para garantizar la satisfacción de los bienes y servicios públicos rurales.

Para el efecto, el Gobierno nacional, y los Gobiernos departamentales y municipales coordinarán sus respectivas políticas urbanas con las políticas rurales, dando un enfoque de provisión de bienes y servicios públicos rurales a sus medidas de planeación y ejecución de presupuesto.

Para incentivar el poblamiento rural, los bienes y servicios públicos rurales podrán ser operados por asociaciones. cooperativas o personas jurídicas sin ánimo de lucro creadas y conformadas por pobladores rurales, de conformidad a la normatividad vigente para cada bien y servicio público.

El Gobierno nacional deberá crear incentivos económicos y técnicos para que las comunidades campesinas gestionen directamente estos servicios, los cuales deben ser evidenciados a través del trazado presupuestal en concordancia con el artículo 64 de la Constitución Política, entre otros aspectos.

Noticias Relacionadas

Entidades territoriales deben priorizar inversiones en bienes y servicios públicos rurales

Así lo establece la Ley 2515 de 2025, que entrega nuevas responsabilidades a departamentos y municipios.

Partido Verde Oxígeno busca quedarse con varios escaños en el Consejo de Juventudes de Tunja

Juzgado Primer Civil del Circuito de Sogamoso confirmó fallo de tutela encontra Asamblea de Boyacá

Diputado Carlos Torres está pendiente de fallo sobre demanda de ordenanzas

Senado de la República respalda financiación de la educación superior pública por parte del Estado

"Por celebración indebida de contratos", Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov