Opinión

 miércoles 10 de marzo de 2021

 

EL RETO DE LA JUSTICIA CONTRA LA CORRUPCION.

Foto: Grupo Tierra Trivium

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Columnista invitado

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En los últimos días el País ha tenido un despliegue asfixiante de distintos medios de comunicación sobre el proceso penal en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez , en torno a la solicitud de Preclusión del Fiscal 6º Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Ramón Jaimes por los delitos de soborno en actuación judicial y Fraude procesal artículos 444 y 453 del Código Penal por las causales denominadas de atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, que desde luego y por los antecedentes conocidos del mismo proceso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, resulta aberrante y oprobioso por decir lo menos.
La anterior porque la solicitud del Fiscal referido de abstenerse de acusar al ex presidente, es la más clara muestra de la corrupción que invade al ente acusador para favorecer a una persona incursa incluso en otros delitos de mayor gravedad, de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.
No obstante lo anterior, será la Juez 28 penal del circuito de Bogotá a quien le correspondió por reparto el conocimiento del caso- Carmen Ortiz, dentro del marco de la legalidad decidir si decreta o no la preclusión, que a su vez tendrá como segunda instancia por vía del recurso de apelación el Tribunal Superior de Bogotá-Sala Penal.
Lo relevante del caso que ocupa nuestra atención hay que analizarlo desde la cultura de la legalidad, de la integridad judicial y la prevención de la corrupción en la administración de justicia, máxime cuando la corrupción viene impactando de manera directa la vigencia de los derechos humanos, como lo ha reiterado la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dado que priva a las sociedades de recursos vitales necesarios para atender las necesidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura, empleo entre muchos otros sectores, indicando que el costo de la corrupción, en sus diversas modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial.
De otra parte es evidente que la corrupción que invade al Estado Colombiano, tiene consecuencias nefastas directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, lamentablemente hoy en poder una poderosa maquinaria mafiosa, a la cual no ha escapado la administración de justicia.
La conducta asumida por el Fiscal frente a la preclusión solicitada, reduce la ya menguada confianza que sienten la inmensa mayoría de colombianos y debilita la capacidad del sistema judicial de garantizar la protección y vigencia
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de los Derechos Humanos en Colombia, desde luego afectando las labores de imparcialidad e independencia de Fiscales, jueces y abogados.
Sin temor a equívocos, como ocurre en el proceso contra el ex presidente Álvaro Uribe, por el cual ya tuvo medida de aseguramiento en su residencia, la sala de instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, hizo acopio de medios de prueba y valoración que compromete seriamente la responsabilidad penal en los delitos investigados por soborno y fraude procesal, y que ahora el Fiscal de bolsillo se orienta a evitar a toda costa que el proceso continúe y salgan del mismo pruebas con incidencia en otros por delitos más graves y atroces por los que se le tiene como indiciado, como ocurre con los falsos positivos, de participación llámese determinador o cómplice o negocios de narcotráfico.
Esperemos que después del show de los medios de comunicación adeptos al ex presidente Uribe Vélez, sean los Jueces del conocimiento quienes con este caso comiencen a sentar precedentes para evitar que la impunidad de la mano con la corrupción siga teniendo su efecto devastador sobre el sistema judicial.
Y esa expectativa es básica en el momento que vive nuestro País, porque la corrupción ha debilitado medularmente la administración de justicia, por cuanto genera incertidumbre en torno al derecho de las personas a tener una justicia imparcial y además que permita tener confianza en la judicatura.
La corrupción se ha sostenido como acontece con el caso que nos ocupa, tiene varias caras y el soborno es parte de ellas, sumada a la corrupción política con un rango de acción que le permite influir no solo en el sistema judicial, sino prácticamente en todas las esperas de la administración del Estado.
Las interferencias indebidas en la justicia como ocurre con la pretensión Preclusiva del Fiscal evidencian claramente está destinada a asegurar el propósito de dejar impune y lograr la absolución del ex presidente Uribe Vélez, con menosprecio de los medios de prueba que la Corte Suprema de Justicia le entrego para continuar con un debido proceso.
Es innegable que la inmensa mayoría de la sociedad, sin apasionamiento alguno esperamos que el imperio de nuestro Estado de Derecho habrá de hacer prevalecer la justicia y sentar precedentes para enfrentar las mafias corruptas.

Fuente: Carlos Rafael Paredes Cifuentes - Abogado Periodista

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