Nación

 miércoles 11 de julio de 2018

 

No descansaremos hasta castigar a los responsables de los crímenes, afirma Presidente Santos

Foto: SIG Presidencia

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En sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se evaluaron las medidas de protección de los líderes sociales adoptadas hasta el momento y se tomaron nuevas acciones que permitan redoblar esfuerzos y tener mayores resultados en este tema.

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En su declaración, el Jefe de Estado recordó los beneficios del Acuerdo de Paz y advirtió que no se permitirá que estos avances y los que trae la construcción de paz, “se vean amenazados por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia que los colombianos decidimos dejar encerrado en los libros de historia”.

“Por eso ratifico hoy, al condenar y repudiar esos hechos, que no hemos descansado ni descansaremos hasta encontrar y castigar a los responsables de esos crímenes infames”, sostuvo.

CONVOCATORIA A FUERZAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA NACIÓN
Así mismo, el Mandatario convocó a las fuerzas políticas y sociales de la Nación a unirse para rechazar y condenar todo atentado contra la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Subrayó que ayer se acordó un Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales e invitó a todos los colombianos a sumarse al mismo.
“Solo así, unidos, como sociedad, como nación, podremos doblegar a quienes pretenden con la violencia imponer sus intereses criminales sobre el interés colectivo y la aspiración nacional por la paz”, agregó.

LOGROS EN PROTECCIÓN DE LÍDERES
En sus palabras, el Presidente reiteró que garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es y seguirá siendo una prioridad hasta el último día de su gobierno y confió en que lo será para la próxima administración.
Recalcó que ayer se firmó la ley de sometimiento a la justicia de grupos armados criminales, donde se tipifica como delito grave la amenaza a los defensores de derechos humanos, con penas entre 6 y 10 años por el solo hecho de proferir amenazas, instrumento que no existía en el pasado.
Igualmente se refirió a los avances en este tema como la creación de una estructura de protección para los líderes, encabezada desde la misma Presidencia de la República y con la participación de los Ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal, el Procurador y el Defensor; el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía y de la Unidad Especial de Investigación de estos crímenes.
Señaló que también participan –en un trabajo mancomunado– representantes de las organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y organismos internacionales.
Citó que igualmente se fortaleció la interlocución con las organizaciones en la Mesa Nacional de Garantías a los defensores de derechos humanos. En tanto que para realizar un seguimiento individualizado a cada uno de los hechos de violencia registrados, se creó el puesto de Mando Unificado.

OTROS RESULTADOS
La Unidad Nacional de Protección presta actualmente medidas de protección a 4.510 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Se instaló el Programa de Protección para los integrantes del Partido Político de las Farc, responsable de su protección y seguridad. Hoy 264 de estas personas cuentan con protección de la UNP.
Se creó este año el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y se ha avanzado en 4 proyectos pilotos en San José de Uré, Guapi, Tumaco y El Tarra. En esos municipios el trabajo con la comunidad ha venido dando frutos.
Se creó, con la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida por parte del Estado ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad.
A la fecha se han recibido 42 alertas, de ellas 34 de inminencia, a lo cual hemos respondido con 37 sesiones del mecanismo, de las cuales 29 en los territorios.
Para generar una respuesta más oportuna a las amenazas en los territorios, se creó el Sistema Nacional de Reacción Inmediata para el avance de la Estabilización (SIRIE).
Este mecanismo, liderado por las Fuerzas Militares. ha recibido y analizado más de 580 informaciones en los últimos 2 años, que han servido para abrir 47 investigaciones por parte de la Fiscalía.
Se ha desplegado el Plan Horus, que contempla el despliegue de más de 61.000 militares de manera microfocalizada sobre 595 veredas de 67 municipios (1 pelotón por vereda) para brindar seguridad y protección a las comunidades en los territorios que fueron más afectados por el conflicto.
Para contrarrestar las organizaciones criminales que generan la violencia en los territorios contra los líderes y la población en general por el control de rentas criminales, hemos desplegado 4 grandes operaciones en las zonas más críticas por este fenómeno:
—Agamenón II: en el Urabá chocoano y antioqueño.
—Perseo: en el pacífico Sur (Nariño, Cauca y Valle).
—Esparta: en el Norte de Santander (Catatumbo).
—Zeus: Llanos orientales.
Todo este despliegue compromete a 345 mil integrantes de la Fuerza Pública en 652 municipios priorizados.

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
De acuerdo con el reporte del Jefe de Estado, se diseñó una estrategia de priorización para la investigación y judicialización de los responsables de homicidios contra defensores de derechos humanos.
Para esto la Fiscalía General de la Nación creó una Unidad Especial de Investigación dedicada exclusivamente a investigar estos casos. Y en la Policía Nacional se creó un Cuerpo Élite responsable de articular acciones preventivas, protección e investigación.
Entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018, la Fiscalía recibió reporte de 181 casos de homicidios avalados por ONU.
—89 casos con la autoría establecida
—21 casos en imputación de cargos
—35 en etapa de juicio
—18 sentencias generadas
—168 personas capturadas
De los 89 casos esclarecidos 39 victimarios son particulares, 19 miembros de bandas criminales tipo C, 13 Clan del Golfo, 8 del ELN, 5 de disidencias. Esto es más del 49 por ciento de los casos esclarecidos. Son resultados muy superiores a los de cualquier otra unidad de investigación.

“Reitero mi compromiso, el del Gobierno Nacional, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos”, dijo y puntualizó que ellos “no están solos” y que no se permitirá que los violentos afecten el proceso de paz.

Fuente: Presidencia de la República de Colombia

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