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Política
jueves 28 de septiembre de 2017
Todos contra la justicia para la paz
Foto: Eltiempo.com
El proyecto de ley que crea las reglas para este esquema juntó a varios opositores.
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Fuente: El Tiempo.
La justicia especial acordada en La Habana para juzgar a los actores de la guerra, considerada por muchos como la ‘columna vertebral’ del proceso de paz, convoca cada día a más contradictores.
No es casualidad que Cambio Radical, Centro Democrático y el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, hayan coincidido el mismo día en un cúmulo de críticas para poner este proyecto de ley en apuros.
La iniciativa, que apenas comienza su primer debate en el Congreso, tiene hoy un camino incierto.
El primer reto que tendrá que superar el proyecto de ley, el cual atraviesa su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, es el conjunto de quince observaciones que presentó el fiscal Martínez al Congreso, desde el pasado 8 de agosto.
Durante su intervención en el debate del miércoles, en el Legislativo, Martínez dejó claro que mantendrá su ojo vigilante para que quede muy bien delimitado hasta dónde llegará la justicia especial para la paz y dónde comenzará su competencia para investigar a exintegrantes de las Farc.
De las palabras del Fiscal se desprende un deseo de que las competencias de la justicia para la paz y de la jurisdicción ordinaria queden muy bien delimitadas. “Buenos linderos hacen buenos vecinos”, repitió Martínez constantemente en su intervención.
Para ello, propuso que el tratamiento a los reincidentes y los disidentes de las Farc quede muy bien definido en el proyecto de ley que tramita el Congreso. Que se especifique cuándo estos excombatientes irán a la justicia para la paz y cuándo a la jurisdicción ordinaria.
Estas materias aún no están claras en la ponencia o texto que será estudiado por senadores y representantes a la Cámara para el primer debate y serán objeto, seguramente, de una intensa discusión en las semanas por venir.
Pero el punto al que parece apuntar el Fiscal General es el tratamiento a los guerrilleros a los cuales se les descubra que ocultaron bienes a través de testaferros y el futuro de esos activos de las Farc.
Martínez se preguntó cuál será la “consecuencia jurídica” para ellos. “El Congreso no puede guardar silencio en estas materias. Se debe establecer una consecuencia para quienes no hayan entregado los bienes, pero adicionalmente para los testaferros”, dijo.
Valoración
Sus inquietudes sobre los alcances de la competencia de la justicia para la paz se basan, entre otras cosas, en el poder de valoración que tendrán los magistrados y jueces de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En varios apartes del proyecto que regla este nuevo modelo de justicia se deja a la “valoración” de estos servidores el grado de “incumplimiento” con el sistema de los exguerrilleros que incurran en nuevas conductas delictivas.
En ese sentido, Martínez manifestó este miércoles que en la ponencia dice que los excombatientes perderán los beneficios cuando haya “incumplimientos graves”, lo cual deja abierta una puerta que puede ser impredecible.
“Y ahora viene el gran lío: cuáles son los (incumplimientos) graves, los medianos, los chiquitos y los inocuos, y eso va a ser una batalla jurídica de no agotar. El legislador tiene que definir esto”, reclamó.
Para precisar esto, en las secretarías de las comisiones primeras de Senado y Cámara ya están radicadas alrededor de nueve proposiciones que condensan las observaciones del Fiscal y que deberán alcanzar las mayorías en el Congreso para quedar incorporadas al proyecto de ley.
Cambio Radical, por fuera
El otro sector que entró en franca oposición a las reglas de la justicia para la paz fue el partido Cambio Radical, el cual anunció en la noche del miércoles que “no votará” este proyecto de ley en el Congreso.
La decisión, según dio cuenta la misma colectividad, se tomó luego de un análisis “en detalle” de los alcances de dicha iniciativa y estuvo motivada también por “la composición del tribunal nacional de paz”.
Los reparos de Cambio Radical a este proyecto, en todo caso, no son nuevos. Desde que se tramitó el acto legislativo en el que se creó la JEP, ese partido fue una caja de resonancia de las observaciones del fiscal Martínez.
Sin embargo, la decisión de no votar este proyecto de ley deja por fuera de las decisiones a nueve senadores y dieciséis representantes a la Cámara de Cambio Radical, los cuales suman a la hora de conformar el quorum.
Y finalmente, el otro sector que también se opondrá a la iniciativa será el Centro Democrático, partido que se ha marginado de las votaciones de los proyectos que implementan el acuerdo de paz. Este no parece ser la excepción.
En ese caso, los reparos también provienen de la designación de los jueces y magistrados de la justicia para la paz, los cuales fueron criticados por el jefe máximo de esa colectividad, el senador Álvaro Uribe.
“Diseñaron una justicia en la medida de la impunidad para las Farc y tienen una gran cantidad de magistrados que han demostrado sesgos, que no son garantía de imparcialidad, que en su vida política o anterior han condenado injustamente a personas”, ha dicho Uribe a manera de crítica de los nombramientos y del nuevo modelo de justicia.
En síntesis, las semanas por venir no parecen fáciles para el proyecto de ley que crea las reglas para la justicia para la paz y el Gobierno tiene el enorme desafío de cumplirles a las Farc y a los colombianos, que aguardan con expectativa que este sistema de justicia ayude a conocer la verdad y a curar las heridas del conflicto armado.
Fuente: Diario El Tiempo- Política
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