¿En qué va la renuncia de los ministros?

Al 31 de marzo, ocho de ellos deben salir de las juntas directivas de once compañías estatales.

El primero en dar el paso fue el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. A finales del mes pasado anunció a través de su cuenta de Twitter: “Participé en junta directiva de Colombia Telecomunicaciones, sociedad entre el Gobierno Nacional y Telefónica, y anuncié mi retiro por prácticas OCDE”. ¿Y los demás? Este diario conoció que ocho ministros tienen hasta el próximo 31 de marzo como plazo para retirarse de las juntas directivas de once empresas estatales.

La razón: acatar, como dejó ver Cárdenas, una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional al que pretende ingresar Colombia y que, en materia de transparencia y anticorrupción, busca cerrar puertas al tráfico de influencias, presiones políticas dentro de las juntas y la competencia desleal con el sector privado.

Camilo Encizo, director de Transparencia por Colombia, dijo que la tendencia internacional es separar el ejercicio de la función pública del Estado como propietario de sus funciones como agente regulador.

“Los países de la OCDE promueven un balance que le permita al Estado direccionar sus empresas evitando conflictos de interés con sus otras funciones y, en particular, impidiendo cualquier tipo de presión política indebida que pueda afectar la toma de decisiones en las empresas estatales. Igualmente es deseable garantizar igualdad de condiciones entre empresas del Estado y otros competidores, es decir, que no se tengan ventajas indebidas a partir de la injerencia que pueda tener un ministro sobre el proceso regulatorio. De otro lado, se busca mejorar los procesos de nominación de los miembros de juntas y maximizar la dedicación que exige la empresa”.

No obstante, sólo en diez compañías se cumplirá la medida hasta finales de este mes. Ecopetrol y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), según conoció este diario, lo harán de manera paulatina: “En la FDN hay un acuerdo de accionistas firmado en diciembre de 2014 en el que se señala que el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) saldrá en marzo de 2016 y el ministro de Hacienda en marzo de 2017. Y en Ecopetrol, como es una empresa tan grande, se quiso hacerlo primero en las otras para aprender cómo sería el proceso en la petrolera”.

En todo caso, Juan Carlos Echeverry, presidente de esa compañía, ya lo sentenció: “No habrá más representantes del Gobierno con carácter político en la junta”.

¿Quiénes reemplazarán a los ministros? Sin duda, el país estará atento a esto en las próximas semanas. Más aún cuando en el documento Conpes 3851 de noviembre de 2015, a través del cual se adoptaron estas medidas, quedó consignado que, a pesar del retiro de los ministros de las juntas directivas, éstos siguen teniendo la potestad de candidatizar a miembros de acuerdo a la participación accionaria del ministerio en cada compañía. Además, tales candidatos podrían ser funcionarios de las mismas carteras o personas particulares idóneas en el sector empresarial.

Pero esto aún no está cantado y se espera que antes de las juntas directivas, que se realizarán en lo que queda de marzo, se establezca el perfil de los miembros que se requieren en términos de experiencia laboral y calificaciones personales. Del total de 110 empresas que tiene el Estado, en 64 posee entre el 50% y más del 90% de las acciones, pero sólo en 12 de ellas (Ecopetrol, FDN, Findeter, Colombia Telecomunicaciones, Finagro, Banco Agrario, Artesanías de Colombia, Bancoldex, Icetex, ISA, FNA y Colpensiones) hay presencia de ministros.

Por eso, el reto que tiene el Gobierno está consignado en dicho documento Conpes: “Los medios y herramientas utilizadas para la identificación de candidatos resultan en un número limitado de candidaturas analizadas. Asimismo, los criterios utilizados para la evaluación de perfiles podrían ser más claros respecto a las partes involucradas en el proceso de decisión. Esto puede limitar la transparencia del ejercicio de propiedad y aumentar el riesgo de que las juntas directivas sean objeto de influencias políticas”.

Carlos Arévalo, abogado internacionalista de la Universidad de la Sabana, dice que “uno de los valores principales (que se buscan) es evitar que se generen escenarios entre las empresas privadas y las entidades públicas. Seguramente esa disposición va a buscar eso, que no se generen escenarios de injerencia pública en el mundo privado, o viceversa. Que puedan reducirse espacios de corrupción”.

Por ahora, Colombia ha cumplido su tarea en 11 de los 23 comités que exige la OCDE (34 países que representan el 80% del PIB global), pero le queda poco tiempo para que defina cuáles serán los reemplazos de los ministros en esta obligación internacional de las buenas prácticas. Así las cosas, ¿quién le seguirá el paso a Cárdenas?

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