Nación

 jueves 10 de septiembre de 2015

 

Instituciones de Educación Superior de Colombia no son escenarios para actos proselitistas

Foto: Mineducación.

Cualquier Institución de Educación Superior que permita o no evite actos proselitistas será investigada y sancionada por el Ministerio de Educación.

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El Ministerio de Educación se permite informar a todas las institución de Educación Superior (IES), que dichos espacios académicos no pueden ser utilizados para actos de proselitismo electoral. Estas instituciones son espacios académicos únicamente dedicados a la educación, la investigación y la enseñanza.

Las IES públicas y privadas están al servicio de la educación y no de campañas políticas, tal como se establece en las leyes 30 de 1992 y 1740 de 2014.

Cabe resaltar que son objetivos de la educación superior y de sus instituciones, entre otros:
-Profundizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, --investigativas y de servicio social que requiere el país.
-Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones.
-Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y -procesos empleados, a la infraestructura institucional en que se desarrolla cada institución.
-Ser factor de desarrollo científico y cultural.
-Contribuir al desarrollo de los niveles educativos.
-Promover la formación y consolidación de comunidades académicas.

Cualquier universidad, institución de educación superior, o directivo, de estas instituciones sean públicas o privadas, que permita o no evite actos proselitistas será investigada y sancionada por el Ministerio de Educación y por las autoridades competentes.

De acuerdo a la ley, todas las instituciones de Educación Superior están obligadas a ejecutar o evitar cualquier acción que viole la constitución o la ley. El proselitismo en dichas instituciones puede constituir delitos como: Constreñimiento al elector, manipulación o fraude al elector y corrupción al sufragante.

Además, pueden ser objeto de faltas administrativas de acuerdo a la ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, como investigaciones y sanciones hasta por 1.000 SMMLV a las IES; multas hasta por 500 SMMLV para los directivos e incluso separación del cargo e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos o contratar con instituciones de educación.

Así mismo, en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías, prohíbe la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, facilitar el alojamiento, y el transporte de electores y/o de candidatos a cargos de elección popular.

Al respecto de las campañas políticas, las instituciones de educación superior y la academia en general pueden promover debates y foros de carácter académico con los diferentes candidatos a los cargos de elección popular, para que se conozcan sus hojas de vida, proyectos y programas.

Fuente: BOYACARADIO.COM

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