Juzgado da 30 días al alcalde de Socha para demostrar cierre de minas ilegales de carbón

Orden conmina la presentarción de evidencias del cierre definitivo de las bocaminas ubicadas en la vereda Curital, señaladas de afectar fuentes hídricas que abastecen a comunidades rurales y hacen parte del área de influencia del páramo de Pisba.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama dio un plazo de 30 días al alcalde de Socha, Óscar Antonio Hurtado Carvajal, para que presente las evidencias del cierre definitivo de las bocaminas de explotación ilegal de carbón ubicadas en la vereda Curital. La decisión fue adoptada el 16 de octubre de 2026, dentro del seguimiento al cumplimiento de una sentencia judicial que continúa en etapa de verificación.

La actuación se originó en las denuncias presentadas por Helver Francisco Cipagauta Tuta, quien sostiene que en la zona existirían cerca de 200 bocaminas de explotación ilegal que estarían afectando nacimientos de agua y fuentes que abastecen a los acueductos rurales. El accionante también ha advertido sobre los posibles impactos de estas actividades en ecosistemas estratégicos relacionados con el páramo de Pisba.

Cipagauta Tuta señaló que han transcurrido aproximadamente tres años desde la sentencia y que, durante este periodo, la administración municipal ha informado sobre reuniones y gestiones encaminadas a cumplir la orden judicial. Según su versión, el alcalde había argumentado la necesidad de esperar pronunciamientos de la Corte Constitucional, mientras que autoridades militares y de Policía han manifestado su disposición para acompañar los operativos requeridos.

En la providencia, el juzgado reconoció las dificultades de seguridad y los posibles impactos sociales derivados de un cierre definitivo de las explotaciones.

Según testigos diariamente salen de la zona numerosas volquetas (cuatro manos) cargadas con carbón, situación que, de acuerdo con sus denuncias, estaría generando afectaciones en las vías y en sectores urbanos.

De la misma forma expresan preocupación por el posible impacto de la actividad minera sobre el abastecimiento de agua para comunidades de Boyacá, Casanare y Arauca, debido a la importancia de las fuentes hídricas asociadas al páramo de Pisba.

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