'Olla raspada'

Por Pascual Ibagué

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha señalado en las últimas horas que el presupuesto general de la nación en materia de funcionamiento e inversión para el próximo año tendrá solo un crecimiento del orden del 2 por ciento.

Cárdenas informó que la inversión tendrá una reducción del 11 por ciento al pasar de 45 a 40 billones de pesos debido a los efectos de los bajos precios del petróleo en los mercados internacionales.

Señaló que la nómina del Estado para el 2016 queda congelada, es decir, que no se van a llenar vacantes y se mantienen estable los gastos generales.

Esta manifestación de la realidad económica nacional, no debe pasar desapercibida, precisamente en momentos en que están a punto de iniciar en pleno las campañas políticas para la elección de autoridades territoriales.

Aunque los candidatos quieran denominar con los nombres más sugestivos sus propuestas de gobierno, la verdad es que la ciudadanía tiene que tener en cuenta, que el desarrollo de departamentos y municipios se hace con recursos y no con discursos, como en alguna ocasión lo afirmara ex gobernador de Boyacá, Alfonso Salamanca Llach, primer mandatario por elección popular.

Esta situación debe ser sopesada, si además hay que tener en cuenta que los mandatarios salientes están por estos días ‘raspando la olla’, es decir, comprometiendo hasta los últimos centavos del erario público y dejando definidas costosas nóminas laborales, aunque en el ambiente se diga que estamos en Ley de Garantías.

Para que nadie se las quiera dar de ‘veintijuliero’, a propósito del celebración de la Fiesta Patria Nacional, pregonando a los cuatro vientos que van a transformar radicalmente lo que está pasando en departamentos y municipios, simplemente hay que tener en cuenta que el progreso que se está viendo es única y exclusivamente por la inversión, de los ahora limitados, recursos destinados por el Gobierno colombiano, que en su mayoría corresponden a vigencias futuras de las regalías o a las promocionadas alianzas público privadas (con las cuales se pone al pueblo a pagar para que pueda ejercer su derecho a tener una vida digna), porque con los recursos propios de departamentos y municipios ‘no se hace un caldo’.

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