Carrusel de avales: un flagelo de nunca acabar

Editorial del Nuevo Siglo.

No se sabe qué termina siendo más desgastante para el sistema democrático: si el hecho de que en cada antesala electoral se prenda el eterno debate por la adjudicación de los avales a los candidatos, o el diagnóstico reiterado de que son los vacíos en la normatividad los que dan lugar a que los partidos y movimientos puedan respaldar a aspirantes cuestionados, ya sea por sus propios antecedentes políticos o porque tienen familiares y allegados condenados o investigados por distintos delitos.

En la campaña para los comicios regionales y locales de octubre próximo las polémicas por los avales han estado a la orden del día y no hay colectividad ajena a estas controversias, llegando incluso al extremo, como ocurre en el liberalismo, de renuncias de directivos y riesgos de escisiones.

De igual manera, se ha visto que los pulsos políticos alrededor de los avales están llegando a los estrados judiciales, ya sea por cuenta de quienes denuncian a los directorios nacionales, departamentales y regionales por adjudicar tal o cual respaldo, como también por parte de los aspirantes cuestionados que, aduciendo que no tienen inhabilidades o peros judiciales, fiscales o disciplinarios en firme, amenazan con llevar ante los estrados a quienes les hacen señalamientos.

¿Hay alguna forma de frenar todo este carrusel de avales? Esa es la pregunta del millón. La Misión de Observación Electoral (MOA) sostiene que el gran problema radica en que la legislación no obliga a los partidos y movimientos a definir tales respaldos mediante mecanismos obligatorios de democracia y transparencia internas.

Otros expertos como Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, (ONG que ha sido clave en la puesta al descubierto del andamiaje de la parapolítica en todo el país), sostienen que la legislación en el tema electoral en Colombia, deja “muchos grises” sobre cuándo o no se debe otorgar un aval. “Entonces el gran problema, es que los partidos, como se trata de competencia y no hay quién les haga control, pues terminan jugando a este tipo de cosas”, dijo Ávila al referirse al hecho de que actualmente hay 140 candidatos “identificados con vínculos con organizaciones criminales, herederos de la parapolítica o de casos gravísimos de corrupción”.

Los partidos, a su turno, sostienen que en Colombia no hay “delitos de sangre”, por lo que legalmente no se viola la normatividad al otorgarle un aval a un familiar de un parapolítico o de un condenado por corrupción. Alegan, igualmente, que si bien las colectividades responden política, legal y pecuniariamente por cada uno de los respaldos a candidatos que otorgan, bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, no tiene los instrumentos para verificar, más allá de la exigencia de los certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, la probidad absoluta de quienes piden cupo en sus listas para cargos uninominales y cuerpos colegiados.

Urge Estatuto

Incluso un editorial de este Diario, días atrás, sostenía que era necesario que el Congreso apruebe una especie de “Estatuto para los avales”, que fije las reglas claras y obligatorias para la asignación de estos respaldos, toda vez que está evidenciado que la reforma política constitucional de 2009, reglamentada por la Ley 14/75 de 2011, si bien avanzó en aumentar la cuota de responsabilidad de los partidos y movimientos frente a sus avalados, incluso poniendo en la mira su personería jurídica, lo cierto es que, a la luz de lo que hoy está ocurriendo, esas normas no lograron tapar los muchos y graves vacíos que persisten en esta materia .

Más grave aún: vacíos que fueron denunciados en los comicios regionales de 2011, así como en los parlamentarios del año pasado, pero que no han llevado a ningún ajuste puntual en este aspecto, salvo lo que se aprobó en la reciente reforma al equilibrio de poderes, en donde la sanción conocida como “silla vacía”, que impide el reemplazo de titulares de curules procesados por vinculación a grupos ilegales, narcotráfico, delitos de lesa humanidad o violación de los mecanismos de participación democrática , también puede ser aplicada a los investigados por corrupción o delitos contra la administración pública.

Causa de fondo

Sin embargo, hay quienes consideran que el problema no radica en tener una legislación más o menos drástica, sino que la causa real del carrusel de los avales está en la forma de hacer política en nuestro país. Es evidente que la entrega de los respaldos no responde en la mayoría de los casos a mecanismos de identificación ideológica y programática entre candidatos y colectividades, sino que se basa en la mecánica de la sumatoria de votos, los cálculos para alcanzar umbrales o son resultado de pactos burocráticos, politiqueros y de cacicazgos.

Por otra parte, es innegable que cuando años atrás se estableció el mecanismo para que personas y grupos independientes en materia política pudieran participar en los comicios, pocos se imaginaron que esa apertura democrática terminaría en una progresiva explosión de candidatos de “movimientos significativos de ciudadanos”, es decir por firmas. Muchos de estos movimientos y aspirantes, antes que representar alternativas políticas e ideológicas, provienen de los partidos ya vigentes (tradicionales o nuevos), de los que se han separado por razones de mecánica electoral, expulsión o pulsos internos que perdieron.

Para los comicios de octubre próximo, por ejemplo, se inscribieron un total de 810 movimientos por firmas, 30 de ellos para gobernaciones, 401 para alcaldías, 6 para asambleas departamentales, 289 para concejos municipales y 81 para Juntas Administradoras Locales (JAL).

Semejante record de esta clase de candidaturas por firmas evidencia no solo la crisis de convocatoria y representatividad de los partidos vigentes, sino que esta figura se convirtió en una especie de mecanismo de reciclaje político en el país.

Como se puede ver el carrusel de los avales está lejos de dejar de funcionar. Así ahora, frente al alud de polémicas y escándalos se diga que es urgente una reforma a la legislación electoral, igual ocurrió en 2011 y 2014, cuando se hicieron similares diagnósticos y promesas, y al final nada se reformó, pues no hubo la suficiente voluntad política para, valga la redundancia, depurar la política.

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