Opinión

 viernes 26 de marzo de 2021

 

Una ‘epopeya’ ‘Para cerrar la brecha’

Foto: Archivo particular

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Breve retrospectiva sobre la admisible iniciativa del gobierno de Alfonso López Michelsen (1975-1978) para atender, desde distintos frentes, las inclemencias socio económicas del sector agropecuario.

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No es en absoluto indispensable la conmemoración exacta en la cronología para que un hecho o acontecimiento sea digno de mención o, sea de paso, de su abordaje. Ello, en la medida que la historia es la continua adherencia de retazos inacabados, que por la lógica de su dinámica no puede detenerse en su ejecución y, así mismo, no permite obviar la adherencia de los fragmentos precedentes.

Siguiendo, pues, la anterior dinámica puntualizada, me permito esbozar a ustedes los vestigios particulares que la sociedad colombiana vio aparecer dentro de los escenarios de las políticas de gobierno hace casi 46 años.

Eran tiempos de latente crisis e inminente desestabilización, cuando el gabinete del entonces electo presidente de la República, Alfonso López Michelsen, a través de la dependencia del Departamento Nacional de Planeación (DNP), proyecta bajo el sugerente título de ‘Para cerrar la brecha’ lo que se consolidaría como su Plan de Desarrollo Social Económico y Regional (1975-1978), referente, sobre todo, si se quiere determinar el hito, el instante preciso que da a luz a una de las estrategias más holística, coherente, aunque por lo mismo quimérica, en materia de los derechos y garantías sociales, económicas y laborales del sector agropecuario (campesinado) de la época.

Recuerden, pues, estas siglas (DRI) y manténgase en la memoria el Plan de Desarrollo Rural Integral, del cual vale la pena rescatar algunas de sus causas, la motivación de su existencia y los objetivos de su implementación.

Aquel Plan, el cual se constituye como la columna vertebral del sector agropecuario del gobierno de López Michelsen, fue trascendental en la medida que consideró como ‘prioritaria’ la definición de una política agraria que asegurara no solamente el desarrollo sostenible del sector, sino que se intentó apersonar (porque todo ello quedó en el precario ideario) de los desafíos que traban e impiden el florecimiento de la economía del campesinado, tales como la ausencia de satisfacción a necesidades básicas ya detectadas como la salud, la educación, el agua y saneamiento básico, el servicio de electricidad e infraestructura vial.

Y es que, era claro en la mentalidad de aquel jefe de gobierno, todos esos aspectos son engranajes de una misma maquinaria que no es otra sino la dignidad y el desarrollo socio económico de la población que depende de la agricultura.

Dichas carencias deben ser dignas de acción estatal y bajo ninguna circunstancia deben ser desligadas de la complejidad del proceso de producción agrícola.

Aunque es sabido, los planes y políticas de gobierno llevadas a cabo a favor de este sector poblacional en específico han sido materializadas con precariedad y la concreción de la mayoría de sus objetivos ha sido inestable y hasta nula a lo largo de su torpedeado relato histórico.

No debe por esto hacerse omisión de la intencionalidad, la cual permitió visibilizar la importancia del sector campesino en procesos como la producción de alimentos para el mercado interno, la capacidad del sector en mediar para la regulación de la inflación o, incluso, como instrumento para aumentar el empleo y los ingresos de la población trabajadora colombiana.

Abordar toda la composición del DRI en este espacio es tarea titánica y no es tampoco la intención de este recuento. Sin embargo, hacer memoria y desempolvar dentro de las políticas de gobierno de antaño es un cometido que permite conectar el pasado con las necesidades sectoriales del presente.

Mencionar, por ejemplo, que los instrumentos para el logro de los objetivos plasmados en aquellas instancias, tales como la investigación y la difusión tecnológica, la concesión de créditos en función de la capacidad productiva de los agricultores, la organización de los productores a través de cooperativas o empresas comunitarias que apelen por la negociación colectiva y la organización del comercio rural (a través de la concertación de la oferta) y la inversión en infraestructura física y social (como vías de acceso, recursos naturales, electricidad, educación y salud), son tareas más que vigentes y de imperativa ejecución, aún 46 años después, en la medida que la vista hacia lo que aconteció da cuenta de la precariedad estatal para hacer efectiva la verbosidad que con evidente pena puede llegar a soportar el papel.

No es intención de estas palabras vanagloriar o aludir aquella planeación política construida en pro del campesinado. La intención, en su lugar, es llamar para recobrar el impulso, apropiarse de los insumos teóricos que apliquen y tengan vigencia ante la presente coyuntura en el campo y, con ayuda de la organización conjunta, la provisión racional y coherente de recursos para el logro de los objetivos y el suficiente soporte de la más que conocida descentralización, las políticas públicas del sector rural obtengan por fin la tan anhelada y mil veces desconocida satisfacción de sus derechos humanos.

Fuente: Xiomara Ortega Camargo - Estudiante de Derecho y Ciencias Sociales (Uptc)

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