Nación

 miércoles 29 de julio de 2020

 

Supersalud investiga a exrepresentante legal de Hospital San Rafael de Leticia

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El ente de control evidenció más de 50 presuntas irregularidades durante una visita realizada a la institución para verificar el estado de esta, y la prestación de los servicios a sus usuarios.

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Por el presunto incumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Superintendencia Nacional de Salud abrió un proceso sancionatorio a título personal contra Jaime Alberto Riascos, exrepresentante legal de la ESE Hospital San Rafael de Leticia.

De acuerdo con la delegada de Procesos Administrativos de la Supersalud, tras una visita de inspección, realizada al hospital entre el 27 al 31 de enero de 2020, para verificar la prestación de los servicios en la institución, el grupo auditor reportó 50 hallazgos de carácter administrativo y financiero, que impactaban la debida atención en salud de la población del departamento.

Según la Resolución 008994 de 2020, que ordenó la apertura de la investigación, entre los principales aspectos presuntamente irregulares se encontraron: el desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos hospitalarios; además, dichos dispositivos médicos eran reutilizados, y el suministro de gases medicinales no poseía el certificado de buenas prácticas de manufactura, expedido por el Invima.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

Otros de los aspectos que motivaron la mencionada resolución tienen que ver con el incumplimiento al interior de la institución de las condiciones de habilitación mínimas para garantizar la atención en salud, en forma segura, y el inadecuado manejo de residuos hospitalarios, así como el incumplimiento de requisitos mínimos para el funcionamiento del servicio farmacéutico.

De igual forma, el centro asistencial carecía de un sistema de costos, que permitiera conocer el valor de los servicios ofrecidos, con el agravante de haberse evidenciado la prestación de algunos de ellos sin autorización de la respectiva entidad territorial, mientras que los habilitados, no se garantizaban.

Por otra parte, en materia administrativa se identificaron hallazgos como la celebración de contratos sin los requisitos mínimos para la negociación y suscripción exigidos en la ley; irregularidades en la facturación de servicios; inconsistencias en la información de cartera reportada por la ESE y la reconocida por las entidades responsables del pago, entras inconsistencias.

De comprobarse la responsabilidad administrativa del investigado, podría imponérsele una multa que oscila entre los 50 y los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Fuente: BRPrensa - Guillermo Romero Salamanca

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