Congreso de la República aprobó ley anti trámites

Cada hora se crean 1.6 normas, solo falta la firma del presidente de la República para acceder a los derechos ciudadanos de manera ágil.

Según manifestó el representante Juan Fernando Reyes estos son algunos de los puntos claves de la ley

1. Digitalización de los trámites
De ahora en adelante todos los trámites que se creen, podrán hacerse en línea. Para los que ya existen “y que no puedan realizarse totalmente en línea, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará los plazos y condiciones. El Estado promoverá el uso de los canales virtuales para tal fin”. Además no podrán incrementarse las tarifas ni generar cobros adicionales por realizarlos en esta modalidad.

“Es ridículo que en pleno siglo XXI, el 96% de los trámites que se hacen en Colombia se tengan que hacer de manera presencial”, indicó el representante Reyes.

2. La carpeta digital
Siempre que se va a hacer un trámite en Colombia a los ciudadanos se les piden unos documentos, que para quienes ya llevan varios años de vida adulta se convierten en un verdadero prolblema’: que la fotocopia de la cédula al 150% por ambas caras, que el certificado laboral, que la fotocopia del registro civil, que la autenticación de tal o cual permiso, lo que dificulta cualquier solicitud al Estado.

La nueva norma contempla la creación del servicio de carpeta ciudadana digital, un mecanismo en la nube donde cada ciudadano puede guardar su información y compartirla de manera segura con la entidad interesada.

El Estado debe “crear, diseñar o adecuar los mecanismos técnicos que permitan la vinculación al servicio de carpeta ciudadana digital y garantizar el acceso de manera segura, confiable y actualizada al conjunto de los datos de quienes se relacionan con el Estado”.

Además, la ley prevé que el Estado “deberá suministrar a los prestadores de servicios ciudadanos digitales los datos a los que se accede a través de la carpeta ciudadana digital, siempre y cuando dichos prestadores cuenten con autorización previa de los titulares de los datos. Asimismo, los sujetos obligados (Gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones) deberán contar con las herramientas e infraestructuras, suficientes y adecuadas que apoyen la disponibilidad y cobertura de los servicios ofertados por el prestador del servicio de carpeta ciudadana digital”.

3. Las estampillas
Las estampillas o sellos postales sirven para recaudar recursos. Ahora, la norma busca que estas continúen pero de forma digital, es decir, que se emitan, paguen, adhieran y anulen por medios electrónicos. La ley da un tiempo, según la categoría de los municipios, para su adopción.

Reyes señaló que “las estampillas físicas se prestan para todo tipo de corrupción. Todas estas que se tienen que ir a comprar, pagar y enviar. Se obliga a que sean electrónicas. Eso no solo agiliza el trámite sino que previene la corrupción”.

4. Tiempos de trámites
La norma indica que “el término para resolver de fondo un trámite será el dispuesto en la ley que fundamenta su creación o su decreto reglamentario. Los servidores públicos bajo ninguna circunstancia podrán resolver un trámite por fuera de los términos allí estipulados. En caso de que no se disponga término para resolver de fondo un trámite en la ley o decreto reglamentario, este deberá resolverse conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015”. En otras palabras, el objetivo de la iniciativa es que a más tardar en 15 días se resuelvan las peticiones de los ciudadanos ante las entidades públicas.

5. Atención al ciudadano
La ley aprobada busca que la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios “con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado”.
En palabras del autor, “hoy usted va a una Alcaldía y va a hacer un trámite de lo que sea, va a la oficina de atención y lo remiten a otra dependencia, y de allá a otra. Lo convierten en el mensajero. Aquí debe haber una oficina central, única para responderle al ciudadano”.

Eliminación de diligencias innecesarias
En el 2012 se había expedido el Decreto Ley 019 que buscaba simplificar los trámites que realizaba el ciudadano. El entonces presidente Juan Manuel Santos fue dotado por el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) de facultades especiales para suprimir o reformar procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.

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