Política
miércoles 14 de agosto de 2019
Hay 694 candidatos inhabilitados para las elecciones regionales del 27 de octubre: Procuraduría
Foto: Procuraduria General de la Nación
Los departamentos en los que se registraron mayor número de aspirantes impedidos fueron Antioquia (10.8%), Cundinamarca (10.4%), Valle del Cauca (8.2%), Boyacá (7.5%) y Tolima (6.9%).
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Al analizar 117.822 registros de candidatos inscritos, el Ministerio Público encontró que 27 aspirantes repitieron la inscripción de sus cédulas.
En la toma a las elecciones del 27 de octubre, la Procuraduría General de la Nación identificó 694 candidatos inhabilitados para participar a cargos de alcaldes, concejales, diputados y ediles en los 32 departamentos, información que envió al Consejo Nacional Electoral para que evalúe posibles sanciones y/o revocatoria de inscripciones.
Al analizar 117.822 registros de candidatos inscritos para las elecciones de autoridades territoriales, el Ministerio Público encontró que 27 aspirantes repitieron la inscripción de sus cédulas en los listados para postularse a corporaciones y partidos políticos.
Los cinco partidos políticos y movimientos representativos con más candidatos inhabilitados son el Partido Conservador Colombiano (113), Partido Colombia Renaciente (66), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia - AICO (64), Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U (64) y Partido Cambio Radical (59).
El ente de control señaló que de los candidatos impedidos, 11 son aspirantes a asambleas departamentales, 20 a alcaldías, 602 a concejos municipales y distritales, 15 a ediles en Bogotá, y 46 a ediles y juntas de administración local fuera de la capital.
Así mismo, explicó que se encontraron 235 personas que tienen anotaciones incompletas en el SIRI, por lo que no pueden ser incluidas en el registro de inhabilitados, existiendo un riesgo de que el beneficiario con la falta de información pueda estar incurso en una inhabilidad.
Dichos reportes corresponden al registro de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales, pérdidas de investidura y condenas proferidas contra servidores, exservidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas.
Fuente: Procuraduría General de la Nación Colombia
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