Procuraduría sancionó a 11 miembros de la junta y directivos del Banco Agrario

La sanción es por préstamo a Navelena

La Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de más de $680 millones de pesos a 11 directivos y miembros de la Junta Directiva del Banco Agrario, para el año 2015, por irregularidades en el empréstito de $120 mil millones de pesos otorgado al consorcio Navelena S.A.S, que cuenta con la participación de la Constructora Odebrecht de Brasil.

Se trata de los miembros de la junta directiva Arturo Adolfo Dajud Durán, como delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Andrés Escobar Arango, como delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupinán Heredia, como miembros independientes.

También sancionó al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentas de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca, y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, Omar Arturo Páez Forero.

El órgano de control estableció que los disciplinados participaron en el trámite, estudio y aprobación del crédito que el Banco Agrario otorgó al Consorcio Navelena, pese a que sobre el socio mayoritario había un claro y evidente riesgo reputacional, en razón a los problemas legales que tenía Odebrecht para cuando se tramitó el préstamo ante dicha entidad financiera.

La mayor sanción disciplinaria se impuso a Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidenta de Banca Comercial del Banco, quien tenía la función de planear, organizar, dirigir, liderar y controlar la Banca Comercial ejecutada por las gerencias de ventas, así como cumplir las funciones normativas que la entidad financiera señalaba. No obstante, recomendó presentar al Comité de Crédito Delegado de Junta Directiva la operación del préstamo a Navelena, incumpliendo su manual de funciones, toda vez que no realizó una evaluación objetiva para la toma de una decisión que fuera viable financiera, económica y técnicamente.

La Procuraduría sancionó a la exfuncionaria con suspensión de 10 meses, convertibles en multa cercana a los $250 millones de pesos. Adicionalmente al tema del riesgo reputacional, para el caso de la Vicepresidenta de Banca Comercial se advirtió que no tuvo en cuenta que las garantías presentadas por Navelena eran irrelevantes, que no tenían la eficacia jurídica, técnica y mucho menos liquidez para respaldar el crédito, y que uno de los socios del consorcio se encontraba en causal de liquidación.

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