Nación

 miércoles 16 de enero de 2019

 

Contraloría cuestiona uso de recursos recaudados por impuestos al carbono y las bolsas plásticas

Foto: Contraloría General de la República

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Recursos de estos impuestos ambientales deberían direccionarse al sector medio ambiental, sin perjuicio de la financiación de las acciones para el posconflicto, sostiene la CGR.

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El organismo de control revela un estudio según el cual existe un alto grado de incertidumbre sobre la eficiencia y efectividad de los incentivos tributarios para el medio ambiente. Además, su seguimiento y control no es adecuado.

El Estado no cuenta con sistemas adecuados para controlar y verificar si los beneficios tributarios otorgados corresponden con los resultados ambientales esperados.

La Contraloría se mostró de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE y otros estudios sobre la necesidad de revisar los tratamientos fiscales preferenciales a fin de eliminarlos o ajustarlos de acuerdo con los fines para los que fueron creados.

La Contraloría General de la República cuestionó el uso que se le está dando a los recursos recaudados por los dos últimos impuestos creados por el estado colombiano en materia ambiental: el impuesto nacional al carbono y el impuesto al consumo de bolsas plásticas.

El impuesto al C02* está dirigido a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero producidas por el consumo de combustibles fósiles y para el consumidor final se refleja como un valor adicional en el precio de los combustibles. El impuesto al consumo de bolsas plásticas se genera por cada bolsa plástica que es entregada a los consumidores tiene por objeto desincentivar el uso de este tipo de empaques.
La Contraloría considera que es desafortunada la destinación que se ha venido dando a los recursos.
En el caso del impuesto al carbono, actualmente, con la denominada “Ley de páramos” (Ley 1930 de 2018), los dineros recaudados se dirigen al Fondo Colombia en Paz, son presupuestados en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y únicamente el 30% se destina a temas medioambientales, mientras que el 70% se destina a la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP.

Aunque la Contraloría reconoce la relevancia del cumplimiento de los acuerdos y la construcción del posconflicto, el organismo de control hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que, en el marco de sus competencias y la colaboración armónica de poderes, estudien la posibilidad de asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector medio ambiental. De acuerdo con la DIAN, a noviembre de 2018 el recaudo por este concepto asciende a los $294 mil millones de pesos.
Para la CGR se hace necesario contar con recursos que permitan al sector ambiental realizar inversiones que lleven a resultados significativos en materia de corregir las externalidades negativas ocasionadas por las emisiones de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles.

Diversos estudios han demostrado que la demanda de combustibles es inelástica y, por lo tanto, el incremento en el precio final que genera el impuesto al CO2, no necesariamente se traducirá en una disminución en la demanda por parte de los consumidores. En consecuencia, el impacto del impuesto en la reducción de las emisiones -y sus externalidades negativas- tenderá a ser bajo.

Fuente: Contraloría General de la República

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