Nación
lunes 10 de noviembre de 2014
Le llegó la hora a la Universidad San Martín
Foto: revistasemana.com
Investigadores del CTI ocuparon dos sedes del claustro para buscar evidencias de las irregularidades cometidas por sus dueños.
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La investigación de la Fiscalía contra los controvertidos propietarios de la Universidad San Martín comenzó en firme. Este lunes efectivos del CTI se tomaron la sede del norte de Bogotá para buscar evidencias de las irregularidades que se habrían cometido allí en contra de docentes y personal administrativo.
“Los investigadores adelantan una inspección judicial con el fin de determinar la presunta estafa de la institución educativa al ofrecer programas que no estaban acreditados por el Ministerio de Educación”, dice la información de la Fiscalía.
Se trata de las sedes de la carrera 18 con 80 y la carrera 15 con 60. Allí unos 20 agentes del CTI tratan de cuantificar la cantidad de alumnos afectados y además, recopilan elementos materiales probatorios, entre estos, documentos digitales. Esto permitiría determinar los responsables de los delitos del los que acusan al representante legal de la institución.
Mientras tanto, los propietarios del claustro, Mariano y Martín Alvear, no dan la cara. Desde la semana pasada han sido reveladas por este y otros medios de comunicación, informaciones que apuntan a que ellos habrían utilizado el dinero de la universidad en otros negocios que fallaron en el tiempo.
Con ello quedaron en el camino cientos de afectados que interpusieron denuncias en distintos despachos judiciales por el presunto delito de estafa. Semana.com contó, por ejemplo, cómo exempleados de la Universidad y de otros negocios, como el restaurante Burger Market, aseguran que no les pagaron sus sueldos y en la mayoría de los casos los dineros por concepto de salud y pensiones que eran descontados de sus sueldos no eran cotizados.
Una de las primeras decisiones contra el claustro fue el anuncio de imputación de cargos contra el representante legal de la Universidad José Ricardo Caballero Calderón.
La decisión se toma porque durante mucho tiempo algunos jueces laborales le han ordenado a la institución pagar acreencias laborales pero la universidad ha hecho caso omiso y alegó no contar con suficientes recursos.
En eso radica el gran problema. Los Alvear se han declarado insolventes pero hay evidencias del derroche de dinero y de la adquisición de millonarios bienes en Colombia y en el exterior.
Fuente: revistasemana.com
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