Equilibrio del poder ejecutivo

Por estos días está de moda el tema de la reforma al equilibrio de poderes públicos, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial.

El proyecto, que se convierte en un nuevo “retazo” para la ya maltrecha Constitución Política de 1991, pretende introducir cambios en la administración de justicia, al régimen electoral e instituciones políticas, entre otros muchos aspectos.

En este escenario, lo que esperamos los colombianos es que la reforma, para solo citar el caso de la rama ejecutiva, introduzca modificaciones estructurales para evitar que la corrupción rampante, que desde hace muchos años se ha enquistado, en los distintos niveles de gobierno y se hace evidente cuando funcionarios públicos o contratistas del Estado se apoderan del erario público, a través de coimas como la del consabido 10, 20, 30 o más por ciento, acto inmoral, que se ha vuelto tan natural, que nadie dice nada o cuyos procesos “duermen el tiempo de los justos”.

La reforma a la rama ejecutiva, debe abolir, de una vez por todas, la cacareada Ley de Garantías, causa de inconformismo nacional, porque la mayoría de los ordenadores del gasto, se han dado trazas para que antes, durante y después de su entrada en vigencia, puedan seguir haciendo de las suyas, mediante contratación directa o de mínima cuantía, nombramiento de “amiguis”, entre muchos otros esguinces, que para la mayoría de ciudadanía con vedados, pero que actualmente son el “Florero de Llorente”, porque supuestamente “paraliza las administraciones, de cara a los debates electorales, lo que no es cierto, porque todo está “charlado” o “cuadrado”.

En la modificación a esta misma rama del poder público, también hay que erradicar la centralización de las decisiones nacionales, que dejan a los departamentos y municipios sin la más mínima autonomía política, administrativa y fiscal, al punto que sus futuras regalías por explotación de minerales, especialmente hidrocarburos, son comprometidas, en las consabidas vigencias futuras, con lo cual gobernadores y alcaldes, solo pueden convertirse en comité de aplausos, durante su gestión.

Los cambios en la rama ejecutiva, tienen que incluir la colocación de requisitos para ser alcalde, porque no se compadece, que a un cargo tan importante lleguen personas sin el conocimiento, experiencia y capacidades, para dirigir los destinos de miles de personas, mientras que en la gerencia de la más pequeña empresa se designa al mejor líder o administrador, entre otros cambios urgentes del sector, como la reelección inmediata de mandatarios o la compraventa descarada de votos.

Teniendo en cuenta, que actualmente se están realizando los acuerdos de paz, en la Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que necesariamente debe llevar a una reforma institucional, quedan pendiente los temas de reforma al equilibrio de poderes en las ramas Legislativa y Judicial, para no proponer reformas que luego tengan que ser reformadas, en una situación de nunca a acabar, como la que hemos vivido, en la que se promulgan miles de leyes y normas que muy pocos cumplimos.

Por Pascual Ibagué.

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