Autoridades electorales y territoriales deben hacer pedagogía y promover Consulta Anticorrupción.

Procuraduría General de la Nación recalca que el Derecho a la información exige que el ciudadano conozca el mecanismo de la CONSULTA POPULAR y el contenido para decidir libremente si acude a las urnas y el sentido del voto.

Corresponde a autoridades electorales y territoriales hacer pedagogía y promoción de la consulta anticorrupción: Procuraduría Civil, deben implementar las acciones necesarias tendientes a informar y difundir ampliamente a la ciudadanía sobre el mecanismo de la consulta popular para que libremente decidan si participan en la consulta anticorrupción y si aprueban o niegan las preguntas.

A través de la Directiva 012 el jefe del Ministerio Público precisó que “le corresponde a las autoridades encargadas de realizar tanto la pedagogía, como la promoción de la participación ciudadana en el nivel nacional, departamental, municipal y distrital, garantizar a los ciudadanos la información necesaria con el fin de hacer efectivo el derecho a decidir libremente sobre las diferentes opciones que plantea la consulta popular”.

El Procurador invitó a las autoridades electorales, en particular a la Registraduría, a que implemente las acciones necesarias para que los ciudadanos conozcan el mecanismo, la fecha de votación, la logística, los procesos, incluida la tarjeta, y los porcentajes necesarios para la aprobación.

Así mismo, instó a las administraciones nacional, departamental, municipal y distrital para que, a través de los medios con los que dispongan, promuevan la participación en la consulta, su contenido, trámite y procedimiento de votaciones.

Carrillo Flórez en la Directiva 012 le recordó a la organización electoral y al autoridad de televisión la obligación de garantizar el derecho a las campañas de la consulta a la utilización de espacios institucionales.

Finalmente resaltó el deber que tienen las autoridades encargadas de la pedagogía de la consulta o la promoción del derecho a la participación ciudadana, de mantener la imparcialidad y garantizar el derecho de los ciudadanos de acudir a las urnas.

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