Nación
jueves 02 de noviembre de 2017
“Los próximos gobiernos, y los empresarios, deben pedalear más rápido”
Foto: Consejo Nacional de Competitividad Privado.
Situación actual del país requiere perfilar la hoja de ruta de la nación y las entidades territoriales para estar atentos a las exigencias del mundo actual.
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La presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba Garcés, afirmó que los próximos gobiernos y los empresarios, deben pedalear más rápido durante el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2017-2018.
El Informe es una publicación que recoge análisis y recomendaciones de política que buscan perfilar una hoja de ruta que les permita al Gobierno nacional, los Gobiernos locales y los empresarios avanzar en los frentes que son decisivos para la productividad y la competitividad.
La undécima edición del Informe Nacional de Competitividad es la última del periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por lo que se enfoca en evaluar los avances logrados en la agenda de competitividad desde 2010 y las asignaturas pendientes que deberían ser abordadas en lo que le resta de Gobierno. Al tiempo, presenta las prioridades que deben ser planteadas en los planes de gobierno de las próximas administraciones.
El Informe también coincide con un momento trascendental de la vida nacional colombiana. La agenda del posconflicto toma cada vez más fuerza, haciendo necesario el trabajo mancomunado entre los sectores público y privado, para fortalecer las bases de un mayor crecimiento económico. Este, en consecuencia, debe ser el motor de las grandes transformaciones sociales y de bienestar que el país desea.
El Informe menciona que el deterioro del ambiente económico provocado por la desaceleración de los principales socios comerciales y el fin del boom de commodities, acentúa los cuellos de botella que impiden al país acercarse a la visión que definió en 2006: ser una de las tres economías más competitivas de América Latina en 2032.
Las mediciones internacionales de competitividad marcan que, aunque que Colombia ha avanzado en algunas áreas específicas –particularmente en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, en el que subió 23 posiciones en los últimos diez años–, en indicadores más amplios, el progreso ha sido lento o incluso se ha retrocedido.
En el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), por ejemplo, Colombia pasó del puesto 68 en 2010 al puesto 66 en 2017. Y en el Anuario de Competitividad Mundial del Institute for Management Development –que compara a Colombia con las 61 economías de mayor nivel de desarrollo–, el país descendió del puesto 45 en 2010 al 53 en 2017.
“Entre los aspectos en los que el país presenta mayores rezagos, se destacan las instituciones, aquejada por los recientes escándalos de corrupción y la falta de capacidades estatales; la eficiencia del mercado laboral, en el cual la inflexibilidad de los salarios, la falta de cooperación en las relaciones entre trabajadores y empleados, y los efectos de los impuestos y subsidios sobre los incentivos a trabajar, dificultan la formalidad laboral y empresarial; y la eficiencia del mercado de bienes, en donde las barreras a la libre competencia y las altas tasas de tributación deterioran los incentivos a invertir por parte de las empresas”, aseguró Córdoba Garcés.
En este escenario, es imperativo acelerar y profundizar la apuesta nacional por la competitividad, mediante el establecimiento de estrategias transversales que fortalezcan la estructura de la economía, fomenten el crecimiento, generen empleo, y aumenten el bienestar. Elementos como la educación pertinente, la infraestructura de alta calidad, la efectividad del transporte de carga, la eficiencia y legitimidad del Estado, la equidad y progresividad del sistema tributario, y una agenda de ciencia y tecnología decidida y enfocada, son indispensables para alcanzar la Visión 2032.
El Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 propone una serie de acciones de corto plazo para el cierre del mandato del presidente Juan Manuel Santos, establece un conjunto de recomendaciones para que el próximo Gobierno aborde las tres principales debilidades de la competitividad en el país –condiciones básicas, eficiencia de los mercados, e innovación empresarial– y plantea una estrategia integral para la formalidad en Colombia.
Competitividad entre 2010 y 2017: un balance general
En 2010, culminaba un período bonanza en el que el país había crecido a las tasas más altas desde los años setenta –principalmente de 2004 a 2007– y que, tras reformas laborales y tributarias, había llegado a recibir inversión extranjera directa superior a los USD 10 000 millones anuales. Pese a los avances de la década, Colombia enfrentaba retos inmensos: el cierre del comercio con Venezuela y la crisis financiera internacional habían puesto un freno al crecimiento. Además, la productividad mantenía un lento ritmo de crecimiento de 0,4 % anual desde el 2000. En estas circunstancias, el presidente Juan Manuel Santos recibió la administración del Estado.
Por esto, el primer plan de gobierno del presidente Santos apuntó a cinco “locomotoras” para el crecimiento y la productividad (infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación). En 2014, el plan del segundo mandato dejó de lado la idea de las cinco locomotoras, pero definió una estrategia nacional de competitividad e infraestructura cuyo fin era el mismo.
El análisis de los pilares de competitividad muestra que esa estrategia económica produjo algunos éxitos de suma importancia, pero también pone en evidencia múltiples rezagos que deben ser resueltos.
De acuerdo con los datos del FEM, el desarrollo del mercado financiero, el tamaño del mercado y el ambiente macroeconómico son las áreas de mejor desempeño para Colombia. Esto se debe, en parte, a las reformas económicas que el Gobierno realizó. La Ley 1530 de 2012, por la cual se creó el Sistema General de Regalías, y la regla fiscal de 2012 dieron al país una solidez macroeconómica que ha sido crucial en momentos de turbulencia, y ha permitido las tasas de interés de deuda pública más bajas y las tasas de inversión más altas en la historia reciente.
No obstante, los datos del FEM también indican que el país concentra serias debilidades en lo que respecta a las condiciones básicas, el funcionamiento de los mercados y la innovación.
En cuanto a las condiciones básicas para la competitividad, es particularmente preocupante el nivel de calidad de las instituciones, la salud y educación básica, y la infraestructura. El país, dado su nivel de desarrollo económico, debería tener un mucho mejor rendimiento en estos campos.
El Gobierno nacional logró avances clave en infraestructura de transporte tras décadas de retrasos, con un aumento sustancial de la inversión pública en infraestructura –que alcanzó el 3 % del PIB en 2016–, el diseño del programa de concesiones de 4G y la constitución de instituciones robustas como la Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional. No obstante, estas acciones suponen impactos de mediano y largo plazo que todavía no se reflejan en los indicadores de competitividad, por lo que es fundamental continuar esta agenda para conseguir los resultados esperados.
Por otra parte, Colombia es débil en términos de eficiencia del mercado de bienes y eficiencia del mercado laboral. A pesar del crecimiento histórico del empleo formal, que se debe principalmente a la reducción de los parafiscales y los costos no salariales hecha en 2012, las inflexibilidades del mercado laboral continúan obstaculizando el aumento de la productividad. Así mismo, en el mercado de bienes, el país ocupa la posición 125 (entre 137 economías del mundo) en la penetración de las importaciones, una muestra de la poca apertura al comercio internacional.
Adicionalmente, existe un retraso pronunciado en el pilar de innovación, el cual es esencial para propulsar la productividad. La Ley 1530 de 2012 le otorgó el 10 % de los recursos de regalías al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en busca de fomentar mayores capacidades productivas y de investigación en todos los departamentos de Colombia; pero el Fondo ha tenido innumerables problemas que llevaron a que buena parte de sus recursos quedaran inutilizados. Esto motivó una reciente reforma constitucional para cambiarlo, la cual debería reglamentarse pronto. Por fortuna, en el último año se han dado algunos avances por el incremento de la inversión en investigación y desarrollo que ha adelantado el sector privado.
Informalidad. Una nueva visión para Colombia
El CPC resalta que el país debe buscar de inmediato estrategias para aumentar las tasas de crecimiento potencial, de forma que se evite un estancamiento en el nivel de prosperidad económica, fenómeno al que usualmente se le llama la “trampa del ingreso medio”.
La primera respuesta a este desafío debe ser la productividad, pero esto puede no ser suficiente. Para volver a tasas de crecimiento del 4,5 %, las acciones de aumento de la productividad deben estar acompañada de una estrategia comprensiva para aumentar la formalidad. La actividad productiva informal –que conforma buena parte de la economía colombiana– es un lastre en la consecución de altas tasas de crecimiento, pues resulta de empresas de bajo valor agregado y empleos precarios, que no invierten en suficiente medida en ser productivos.
Adicionalmente, la actividad informal obliga a que el costo y peso de la regulación recaiga sobre las empresas formales, e implica que las actividades informales no aportan al recaudo necesario para financiar los bienes públicos que son responsabilidad del Estado.
Por esa razón, el CPC presentó junto con su Informe Nacional un reporte especial con una nueva visión sobre la informalidad en Colombia. Se trata de una propuesta para una estrategia integral, que entiende la informalidad desde distintas ópticas, que analiza sus diferentes causas, y que puede servir como hoja de ruta en la búsqueda de una mayor formalidad en el país.
Estrategias para enfrentar la informalidad.
1. Aumentar el beneficio de entrar y permanecer en la formalidad
Dar gradualidad, temporalidad y mitigación de incentivos no deseados a los programas de protección social
· Corregir el incentivo a la informalidad que existe en el régimen subsidiado de salud
· Diferenciar estrategias para empresas, segmentando de acuerdo con su naturaleza y potencial
· Crear una estrategia de desarrollo empresarial al interior de las cámaras de comercio
· Enfocar la política de vivienda como pilar de la formalidad urbana,
· Implementar un barrido masivo de formalización de tierras
2. Estándares apropiados
· Implementar un plan de desregulación inteligente
· Revisar el esquema de tarifas del registro mercantil
· Crear el Índice Multidimensional de Informalidad para empresas
· Repensar la cotización atada a salario mínimo
· Reducir el exceso de regulación laboral costosa
· Modernizar el código sustantivo del trabajo
· Disminuir Costos laborales no salariales
3. Mayor capacidad de control
• Priorizar los esfuerzos de control y sanción en los casos intolerables de informalidad, más que en los indeseables
• Fortalecer la DIAN para combatir la evasión y elusión
• Implementar la totalidad del catastro multipropósito
INC 2017-2018: Acciones clave para el cierre de Gobierno y las próximas administraciones
EDUCACIÓN
1. Mejorar la calidad de los programas de formación de docentes y directivos, y evaluar adecuadamente el desempeño en la carrera docente.
2. Reducir costos directos e indirectos de la educación, y aumentar el acompañamiento socioocupacional, para combatir la deserción escolar.
3. Implementar el Sistema Nacional de Educación Terciaria.
SALUD
Fortalecer las facultades de la Superintendencia Nacional de Salud de manera que cumpla efectivamente su rol de vigilancia y sanción.
Definir una estrategia de gestión de la presión tecnológica para controlar y focalizar el gasto en salud.
Extender servicios de telesalud para garantizar mayor acceso en zonas remotas del país y disminuir costos del sistema.
PENSIONES
Ampliar el esquema de protección a la vejez mediante la universalización de Colombia Mayor y la inclusión obligatoria de los sujetos de devolución de saldos e indemnización sustitutiva como parte de BEPS.
Establecer un tope para los subsidios que entrega el RPM y hacer complementarios el RPM y el RAIS.
Buscar un espacio dentro de la Rama Judicial que se dedique al sistema pensional y su impacto sobre la sostenibilidad fiscal.
Crear una única instancia que se encargue de organizar el marco institucional y de coordinar el espectro de funciones que demanda el sistema pensional, entre otros aspectos en todos los sectores de la vida nacional.
Fuente: Sistema Informativo del Gobierno.
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