En Boyacá los campesinos le dicen 'NO' a los proyectos mineros que ponen en riesgo su agua

Comunidades de Sutamarchán, Gachantivá, Arcabuco, Villa de Leyva y Moniquirá se unen en defensa del medio ambiente.

Con una masiva marcha, que partió de Gachantivá y pasó por varios municipios de la provincia de Ricaurte, hasta llegar a Arcabuco, miles de ciudadanos manifestaron su oposición a la realización de proyectos mineros en la región.

Pobladores de de Sutamarchán, Gachantivá, Arcabuco, Villa de Leyva y Moniquirá, entre otras localidades expresaron de diversas maneras su inconformismo ante la posible ejecución de iniciativas empresariales que atenten contra los recursos hídricos de la zona.

El mensaje liderado por el Movimiento Cívico por el Agua y la Vida y el Colectivo Ambiental del Alto Ricaurte, se convirtió en realidad a través del Carnaval del Agua y de la Vida, que movilizó sobre las principales carreteras de esta zona de Boyacá a más de 5.000 personas, como oposición a al proyecto de explotación de piedra caliza planteado por la cementera, Cementos Tequendama, cerca de la laguna La Colorada, la cual sirve para el abastecimiento de 20 acueductos rurales.

María Pabón, nació en San Eduardo y desde 1985 reside en Arcabuco. Se sumó al Carnaval en El Volador y fue la primera en llegar al casco urbano de Arcabuco porque, según dijo, los demás venían caminando muy lento.

Su interés por los temas ambientales le han permitido participar de actividades similares como cuando se sumó a la movilización que protestó por la explotación de canteras en la vereda Rupavita y de arcilla en el sector de Alcaparros. Su reflexión es categórica: “ese tipo de minería contamina nuestras fuentes de agua”. Asegura que gracias a las marchas se ha detenido ese tipo de extracción pero que la amenaza sigue latente.

Víctor Hugo Silva Motta es el alcalde de Arcabuco. En su intervención ante los marchantes describió el enorme potencial hídrico de su municipio lo que - enfatizo - permite alimentar con suficiencia al acueducto urbano y a cinco más del sector rural. “Es una mina de agua lo que hay aquí gracias a que el 62 por ciento del territorio es zona de protección”.

Silva Motta agregó que con esa riqueza es posible proveer del vital líquido a zonas rurales de localidades como Moniquirá, Gachantivá, Sutamarchán, Motavita, Villa de Leyva, Chíquiza y Sotaquirá, y concluyó con una postura muy poco común, proviniendo de un burgomaestre: “Como alcaldes nos toca asumir responsabilidades en el cuidado del agua y proteger el territorio”.

Wilmer Castellanos, el alcalde de Sutamarchán, fue un poco más vehemente. Luego de felicitar a los promotores de Carnaval por el Agua, reveló que su administración ha iniciado acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación en contra de las empresas que explotan caolín (arcilla utilizada para fabricar porcelanas) muy cerca al río La Cebada.

Castellanos aseguró que es urgente detener la minería irresponsable que está contaminando las fuentes de agua de las que se abastecen las comunidades. “Si la minería no se hace de manera responsable es mejor que no se haga”, sentenció.

Ricardo Morales, uno de los líderes de la marcha simbólica dijo al respecto: “inicialmente Cementos Tequendama (según sus cifras y datos aportados en una socialización a la comunidad), piensan extraer 60.000 toneladas de piedra caliza, piensan hacer unas explosiones gigantes con 125 gramos de explosivo por tonelada, que son 7 toneladas y media de estos elementos y estamos advirtiendo una catástrofe ambiental de esta zona del país que queremos evitar, y alertamos a las autoridades, de que estamos en peligro más de cinco municipios”.

En su breve discurso ante los manifestantes, el alcalde de Gachantivá, Jorge Saavedra, valoró el liderazgo de los promotores del Carnaval y reiteró su compromiso para sacar adelante la consulta popular en la que se les preguntará a sus conciudadanos si quieren que la minería haga parte de su actividad económica.

El mandatario quiso interpretar la determinación de sus colegas al afirmar que en los municipios de la provincia de Ricaurte no se va a permitir el ingreso de la minería, que se debe defender el territorio ancestral y que es su deber cuidar los recursos naturales en beneficio de las próximas generaciones.
Los manifestantes aseguraron que la minería sostenible no es el camino para el desarrollo de esta zona de Boyacá e indicaron que seguirán defendiendo ‘a capa y espada’ la riqueza ambiental de la zona, representada en más de 25 cascadas, tres lagunas, ríos y riachuelos, que significan la vida de la región y la comunidad.

Eduardo Villarreal integra el Colectivo Laguna de Fúquene y Cuenca del río Suárez. Explicó que él y sus compañeros quisieron respaldar la lucha emprendida por Gachantivá porque tienen una problemática similar: el extractivismo. “Aquí el conflicto es por la piedra caliza, en la laguna de Fúquene es por el agua que se le está sacando a ese embalse para ponerla al servicio de la ganadería. Nos están secando la laguna”.

El Carnaval por el Agua y la Vida concluyó sobre las 3 de la tarde y, según sus gestores, el siguiente paso será superar los escollos que permitan llevar a cabo la consulta popular, ojalá antes de que termine 2017. El siguiente, 2018, podría ser contraproducente por tratarse de un año electoral.

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