Nación
jueves 23 de marzo de 2017
Contratos por cooperativas e intermediarios fueron prohibidos por el Consejo de Estado
Foto: Colprensa.
"Más de 6 millones de empleados, contratados por medio de intermediarios y cooperativas, deberán ser vinculados de manera directa con las empresas”.
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El Concejo de Estado suspendió el decreto 583 que permitía la tercerización laboral en Colombia. La contratación a través de terceros representados por las cooperativas, intermediarios e incluso algunos contratos por prestación de servicios, quedaría temporalmente prohibida.
Opinión y Salud conoció que las centrales obreras reportaron que actualmente en el país más de 6 millones de trabajadores están contratados bajo esta modalidad. Lo que implica que este número de empleados tendrán que ser vinculados directamente a sus empresas o a través de temporales.
En caso de ser contratado por medio de una temporal, no podrá ser superior a un año. Asimismo, el Ministerio del Trabajo reiteró que los contratos por prestación de servicios no se podrán utilizar cuando la labor del empleado esté relacionada con la misión de la empresa.
Por su parte, la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, por medio de la campaña #ContratistasSinDerechos dio a conocer que la realidad es que no se está cumpliendo la ley de contratos por prestación de servicios. “En primer lugar, porque esta modalidad contractual se debe usar solo para empleos temporales, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializado y no estiman ninguna relación laboral”.
“El Estado es el primero en incumplir con los derechos de estos trabajadores. Los contratistas de prestación de servicios son los nuevos esclavos de la modernidad, gente que tiene que pedir prestado para pagar la salud. Además son personas que terminan trabajando al año hasta tres meses gratis, porque no tienen prestaciones, trabajan pero sin recibir remuneración”, agregó Lozano.
Finalmente, cabe resaltar que la decisión del Consejo de Estado es una medida temporal y que la legalización total de la misma podría tardar dos años.
Fuente: Consejo de Estado.
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