'El ciudadano tiene derecho a ser bien gobernado': Alejandro Ordónez Maldonado

'Los controles de advertencia sirven para cualificar las actuaciones de los funcionarios públicos", enfatizó el Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presidió hoy en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, una nueva jornada de la estrategia preventiva ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’, a la que asistieron por lo menos 1500 servidores públicos de la región.

El evento reunió a los mandatarios departamental y municipales, así como a miembros de sus gabinetes, personeros municipales, funcionarios públicos y ciudadanía en general; y tenía como objetivo socializar las estrategias en contra de la corrupción y la ineficiencia administrativa, atendiendo inquietudes puntuales frente a problemáticas de los habitantes y sus autoridades.

El ciclo nacional ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’ ya ha recorrido los departamentos de Huila, San Andrés, Meta, Tolima, Caquetá, Magdalena, Risaralda, Santander, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y la ciudad de Bogotá, exhortando a las entidades y a los servidores públicos a un actuar enmarcado en las disposiciones constitucionales y legales, evitando conductas que perjudiquen a la ciudadanía y que puedan significar a futuro sanciones disciplinarias.

Es un proyecto liderado por la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales y está enfocado en fortalecer planes y estrategias de administración departamental y municipal durante el periodo 2015-2019.

Próximamente será presentado a las autoridades territoriales del departamento de Bolívar.

Ecos

Durante su presentación y en una 'clase ampliada magistral', el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordónez Maldonado, en forma coloquial y recorriendo el escenario, de manera cercana a los asistentes, dijo, entre chiste y serio que los ciudadanos tienen derecho a ser bien gobernados.

En la explicación de 11 aspectos, sentenció que una manera de ejercer el buen gobierno, es dando ejemplo con el comportamiento, que debe tener todo servidor del Estado, una vez asume el cargo que sea, porque cada uno es referente de los gobernados.

Resaltó que la función pública es para servir a la comunidad y no para servirse de ella, enriqueciéndose o beneficiando únicamente a los amigos del detentor del poder. Subrayó que la corrupción es poner al servicio privado la función pública. Bromeó que en este aspecto, la elección de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado son tan transparentes, que antes que se realicen, ya se sabe quien va a ser el elegido.

Acotó que los funcionarios públicos deben en todo momento aplicar el principio de responsabilidad jurídica, es decir, realizar su gestión de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes y nada más. Aseveró que por no tener en cuenta este ordenamiento, durante su gestión se han destituido 1.048 concejales, 1700 alcaldes, 82 gobernadores, 400 diputados y 20 congresistas.

Ordóñez Mandonado, señaló que las actuaciones de los servidores públicos deben estar ceñidas a la dignidad y al respecto de los dirigidos y los compañeros de trabajo.

Previno que las autoridades no se pueden enredar en deudas ni antes, durante o después del ejercicio de sus cargos, como viene sucediendo en varias regiones del país, donde los gobernantes electos han quedado endosados con contratistas que prestan el dinero para las campañas y luego quieren 'recuperar la inversión' ejecutando obras o servicios de mala calidad.

A renglón seguido exhortó a los presentes a no ser 'ligeros en la contratación o en la nominación', esto es, realizar o pagar contratos o convenios sin el lleno de los requisitos a nombrar personas sin conocer por completo su hoja de vida.

De la misma forma, advirtió sobre los efectos nefastos de no trabajar armónicamente en los planes de seguridad ciudadana, mediante la implementación de planes integrales de convivencia y seguridad para evitar el consumo de sustancias psicoactivas y todos los aspectos que están afectando la vida, honra y bienes de los gobernados.

Igualmente, indicó que no hay que jugar con el ordenamiento del territorio, permitiendo que en los planes o esquemas de ordenamiento territorial, se hagan cambios del uso del suelo para favorecer amigos o darle vía libre a bandas de urbanizadores piratas.

Finalmente, recavó en la necesidad de que los gobernantes adelanten una gestión transparente, logrando que los recursos y los bienes públicos sean usados de la mejor manera.

Otros aspectos

"Es un chantaje del Gobierno Nacional y las FARC, quieren prostrar al pueblo colombiano para que aprobemos lo acordado": Procurador general de la Nación

Durante la presentación de la estrategia “100 y más advertencias para una exitosa administración territorial”, llevada cabo en Tunja (Boyacá), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se refirió a los deberes y funciones que tienen los servidores públicos con los colombianos y la función preventiva que se desarrolla para evitar abrir procesos disciplinarios.

“Realizar estos eventos es de mayor importancia por recordar un principio que muchas veces se olvida: que el ciudadano tiene el derecho de ser bien gobernado y los funcionarios públicos tenemos el deber de gobernar bien y cumplir nuestras funciones”, expresó el jefe del Ministerio Público.

“Las exageradas sanciones que realizamos nos llevaron a desarrollar una estrategia para prevenir. La función pública se ha vuelto una carrera peligrosa, especialmente por la proliferación de las normas que impactan nuestros deberes”, añadió el procurador de los colombianos.

Además, aseguró que los funcionarios públicos son “referentes para bien o para mal, y quien tiene más visibilidad tiene más poder pedagógico y por eso las personas dicen ‘si él lo hizo, ¿por qué yo no?’. Somos líderes por donde nos movemos”.

Sobre el preocupante tema del microtráfico de drogas, señaló que “yo advertí que íbamos a nadar en coca y las FARC en dólares, la suspensión de los cultivos se dio por los acuerdos de La Habana y por ello me tildaron de enemigo de la paz. Pero pasamos de 40 mil hectáreas a 160 mil el año pasado y hoy hay más de 220 mil”.

“El proceso de paz ha desmontado la política contra los cultivos ilícitos y por ello hay más drogas en la calle y como consecuencia más delincuencia. En esto hay un desconcierto ciudadano porque el pueblo denuncia, la Policía entrega al delincuente al juez y él lo deja en libertad. El ciudadano de bien tiene miedo de salir a la calle y el criminal desafía a la autoridad”, advirtió el procurador general de la Nación a los alcaldes y fuerzas públicas de los municipios.

“Entiendan los roles del procurador para que entiendan mi posición, somos garantes de los derechos y por ello de los derechos de las víctimas y consideramos que el proceso de paz es un acuerdo entre gobierno y FARC, en donde se ha beneficiado al victimario”, explicó sobre la negociación en La Habana.

“No quiero mortificar a nadie, pero debo cumplir mi deber, cuando me posesioné juré cumplir mis funciones como representante de la sociedad y por ello me ha tocado hacer advertencias casi a diario, esto en cumplimiento de mis funciones constitucionales y lo voy a seguir haciendo”, añadió.

“Cuando nos amenazan que si no aprobamos lo acordado habrá terrorismo o más impuestos, esto realmente se llama un chantaje entre el Gobierno Nacional y las FARC, que quieren prostrar al pueblo colombiano para que aprobemos lo acordado”, opinó.

“Las FARC amenazan con terrorismo y el presidente fue el vocero de aquello. Eso no fue un error, se trata de una campaña muy bien articulada que incluye la guerra psicológica para obligar al ciudadano. Primero prostraron a los militares ofreciéndoles impunidad; después a los empresarios, agricultores y ganadores con abrirles investigaciones y ahora quieren hacerlo con los ciudadanos que están siendo calificados como refractarios por considerar que no es un acuerdo de paz sino un acuerdo entre el Gobierno y las FARC”, expuso el jefe del Ministerio Público.

“No nos ha prostrado en cincuenta años y no lo harán ahora. La Policía y el Ejército reaccionarán. Tampoco tememos a las amenazas confiscatorias. Debemos decir: no tenemos miedo, si otros lo tienen, nosotros no, las dos partes son el Gobierno y las FARC en La Habana y acá el pueblo colombiano. Le temo más a esta alianza que al terrorismo”, concluyó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

Durante el evento recordó que a través de su función preventiva, a la Procuraduría le corresponde vigilar que los Derechos Humanos de los ciudadanos estén siendo garantizados en todo el país, y por ello no le importan las críticas que recibe por las constantes advertencias que hace.

“Esto se hace para lograr que la política pública que se está diseñando sea benéfica para el ciudadano”, añadió sobre el deber que tiene el jefe del Ministerio Público frente a los colombianos.

Las declaraciones fueron dadas por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado el día de hoy desde la ciudad de Tunja, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, ante más de 1.200 funcionarios de entidades municipales y departamentales.

"En La Habana no hay dos partes, hay una sola, el Gobierno y las FARC se han fundido, se han puesto de acuerdo para obligar a los colombianos a aceptar lo que ellos acuerden": Procurador Alejandro Ordóñez

"Hay algo en que los colombianos necesitamos reflexionar y creo que ya lo estamos haciendo, en La Habana no hay dos partes, hay una sola, el Gobierno y las FARC se han fundido, se han coludido, se han puesto de acuerdo para obligar a los colombianos a aceptar lo que ellos acuerden", aseguró el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en diálogo sostenido el día de hoy con los medios de comunicación en la ciudad de Tunja (Boyacá), en el marco de la presentación de la estrategia preventiva '100 y más advertencias para una exitosa administración territorial'.

El jefe del Ministerio Público afirmó que “están utilizando dos instrumentos, el de la amenaza con la guerra terrorista y el miedo de una nueva cascada impositiva si no se aprueban los acuerdos, ello es un chantaje”, adicionando que “es una estrategia de guerra psicológica para lograr que los colombianos aprobemos lo acordado en La Habana”.

“Los colombianos no le deben temer ni al terror, ni al miedo, a lo que le deben temer es a la alianza entre el Gobierno y las FARC”, precisó.

Así mismo dejó claro que “están utilizando el terrorismo y el miedo contra el pueblo colombiano, ¿quién amenaza con el terrorismo?, las FARC, para que los colombianos aprueben los acuerdos, y ¿quién amenaza con el miedo?, el presidente Santos, para que los colombianos acepten lo aprobado, eso es una estrategia”.

El procurador aseveró que “no es que al presidente se le haya ‘chispoteado’ lo de la semana pasada, la amenaza con el terrorismo, no es que ayer otra vez se le haya ‘chispoteado’ la amenaza impositiva, todo es articulado y hace parte de la campaña a la que nos van a someter”.

Finalmente, los comunicadores le consultaron sobre el paro nacional de trasportadores y de campesinos, a lo que el jefe del Ministerio Público señaló que el día de ayer sostuvo una reunión con funcionarios del Gobierno Nacional, viceministros, representantes de Finagro y de diferentes entidades que están involucradas en el cumplimiento de los acuerdos con los dirigentes de las dignidades campesinas y agrarias, con varios aspectos por resaltar, “primero, que es claro que los acuerdos son vinculantes, lo que se acuerda se debe cumplir, el Gobierno acordó una serie de políticas públicas que deben realizar; y segundo, si bien es cierto hay un esfuerzo del gobierno por cumplir, es muy bajo el porcentaje de ello, se ha cumplido entre un 40 y 45%”.

El procurador general de la Nación continuará con la jornada institucional durante este día en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, presentando a los mandatarios municipales y departamentales de Boyacá las directrices para una exitosa administración territorial y la garantía de los intereses y derechos de los ciudadanos.

En la mesa principal de la reunión estuvieron presentes el Gobernador del Departamento, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa; la Procuradora Regiona, Adela Luz Ramírez; el Contralor General de Boyacá, Pablo Gutiérrez, entre otras personalidades.

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