Política

 miércoles 29 de julio de 2015

 

¿Alud de candidatos fortalece la democracia local?

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Será que la inscripción de 115 mil candidatos para las próximas elecciones regionales y locales, es una muestra que la democracia colombiana está a toda marcha y en pleno vigor?

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Reparar en la cifra de 115 mil candidatos para las próximas elecciones regionales y locales diría, ciertamente, que la democracia colombiana está a toda marcha y en pleno vigor.

Pese a cierto descrédito que tiene la política, particularmente en Colombia, las personas siguen afiliándose a los eventos democráticos, cada vez con creces. De hecho, en 2011, la última vez que se presentaron elecciones de mitaca el registro fue de alrededor de 100 mil ciudadanos. En esta ocasión, como se dijo, el índice ha llegado a un 15% más, por encima del monto que suele promediarse con el aumento de la población.

La democracia regional y local, pues, sigue concitando el interés de los ciudadanos. No obstante, en muchas ocasiones ello sirve también para la correa de transmisión de la corrupción en instituciones que no siempre cumplen claramente sus funciones. Por ejemplo, poco ha podido hacer el país frente a las elecciones de contralores y personeros municipales, que son elegidos por los Concejos, y que en vez de cumplir las facultades fiscalizadoras y disciplinarias más bien terminan, gracias a los mecanismos de elección, favoreciendo a las coaliciones que los eligieron. Ello hace que el sistema de solidaridades políticas, que debería concentrarse en las convicciones y el buen gobierno, se determine más bien a partir de los intereses particulares, muchas veces alejados de los intereses sociales.

En todo caso, las 8.838 listas que se han inscrito con 91.925 integrantes para los Concejos municipales demuestran que la democracia tiende a ampliar su cobertura.

No obstante, las nuevas leyes electorales, adoptadas después de la Constitución de 1991, exigen que, en general, se presenten las listas con el mismo número de candidatos por curules a proveer. Téngase por ejemplo en cuenta un Concejo municipal de 11 escaños, para lo cual cada lista tiene que presentar el mismo número de aspirantes. Ello, por supuesto, hace que se presente una explosión de candidatos. Lo que no quiere decir, en la gran mayoría de los casos, que tengan posibilidades de hacerse elegir y que más bien sean lo que se denomina el “relleno” de las listas.
Todo ello, además, está signado por el hecho de que los partidos políticos han sido facultados por la Ley para otorgar el aval a cada candidato, es decir una especie de carta de presentación y de certificado de buena conducta que no siempre cumple con esos objetivos.

En múltiples casos, inclusive, candidatos que no son aceptados en un partido terminan siendo avalados en otra colectividad. Por debajo de ello suelen moverse oscuros intereses, con dineros flotando por debajo de cuerda.

Para los Concejos

En el país existen alrededor de 10 mil concejales en 1.102 municipios. En esta ocasión, por lo tanto, habría 9 aspirantes por cada curul a proveer. ¿A qué puede deberse esa explosión de candidaturas?

En su momento, antes de la Constitución de 1991, la actividad de concejal, diputado e incluso de parlamentario no tenía remuneración alguna. Posteriormente, en las leyes y decretos reglamentarios que desarrollaron la Constitución se determinó que los parlamentarios tendrían un sueldo fijo, ampliando a dos períodos durante el año las sesiones en el Congreso, mientras que a los concejales se les autorizó una remuneración por 20 sesiones al mes, llegando a montos similares a los devengados por los alcaldes, dependiendo de la categoría de cada municipio. Eso ha hecho, más allá del exclusivo sentido comunitario, que muchas personas traten de conseguir un escaño en los Concejos municipales o los edilatos locales, a fin de percibir un emolumento considerable frente a las demás actividades de la localidad.

De modo que la cultura de la política en el país se ha venido modificando sustancialmente a partir de este criterio que, por supuesto, no es el mismo que rigió durante 100 años, a partir de la Constitución de 1886, donde la actividad edilicia se debía exclusivamente al servicio público y al contacto con la comunidad.

Todo ello cobró aún más expectativa con el hecho de que el Estado entró a pagar por cada sufragio conseguido, de manera que en ocasiones las campañas se vuelven un negocio en el que se participa cada cuatro años.

No podría, claro está, definirse la democracia colombiana solo por esta vía. Un número importante de personas participan en las actividades proselitistas como manera de servirle a los intereses generales de la comunidad, pero en muchas ocasiones también está presente el tema de los salarios y de la financiación de la campaña como aliciente principal. Once mil aspirantes nuevos a los Concejos municipales demuestra, de otro lado, que la política está hoy más vigente que nunca.

Alcaldías y gobernaciones

Curiosamente, el rubro de Alcaldía se mantiene más o menos intacto. Si en el 2011 se presentaron 4.437 aspirantes para los 1.102 municipios, en 2015 se han inscrito 4.733. Esto quiere decir, en promedio que más o menos hay 4 aspirantes por cada alcaldía municipal.

A no dudarlo, la elección popular de alcaldes ha servido para vigorizar la democracia colombiana. Lejos están los tiempos en el que un gobernador designaba a dedo los alcaldes e incluso otorgaba varios despachos a una sola persona que hacía las romerías semanales de pueblo en pueblo. Más allá de los salarios o la financiación de las campañas, el debate sobre la democracia directa, allí donde hay exigencias inmediatas sobre los servidores públicos locales, se ha fortalecido. Un mérito indudable de la elección popular de Alcaldes es que han emergido nuevos liderazgos.

Pero de otra parte, igualmente, las posibilidades de acceso de las fuerzas irregulares y la delincuencia organizada a los principales despachos públicos, a través de testaferros, también ha estado a la orden del día, produciendo gravísimas distorsiones democráticas, donde lo que cuenta es la captura y cooptación del gobierno a cambio de los réditos proporcionados.

Entre tanto, para las 33 gobernaciones, incluido el Distrito Capital, se han presentado 158 candidatos. Tanto en alcaldías como en gobernaciones es mucho menor el nivel proporcional de candidatos frente a los concejos municipales.

Por partidos políticos, a su vez, el mayor avalador es el Liberal con 12 mil inscritos, frente a 17 mil solicitudes de inscripción. Los demás partidos no han tenido ese nivel de inscritos, lo que hace suponer que esa colectividad podrá reclamar un triunfo en las elecciones de 2015, si se trata de la cantidad de avales repartidos.

¿Y los programas?

La gran falencia de las elecciones regionales y municipales, sin embargo, es la total ausencia de criterios ideológicos y programáticos generales que den una identidad precisa a los aspirantes de cada bandera. Por supuesto, la democracia local y regional obedece, preferentemente, a los asuntos e intereses de la localidad. Pero igualmente no existen referentes precisos que los partidos políticos hayan podido generar en cartas programáticas generales para estos eventos puntuales donde se establezcan sus criterios específicos sobre el desarrollo y aplicación de la democracia local.

Una de las grandes fallas presentadas en los últimos años por alcaldes y gobernadores está en el tema de las regalías. De hecho, recientemente, la Contraloría General de la República ratificó que había graves anomalías, particularmente llamando la atención a que las entidades territoriales no han sabido ejecutar los recursos provenientes de ellas. De modo que el auge petrolero y minero que vivió el país hace poco tiempo no ha tenido la aplicación que pudiera mejorar las condiciones municipales y regionales. De acuerdo con el organismo, desde junio de 2012 hasta 31 de diciembre de 2014 se aprobaron 6.670 proyectos de esta índole, por un valor de 14 billones y medio de pesos, pero más de mil de ellos están suspendidos y corren el riesgo de desaprobación por inejecución. Es decir, en cuanto a cifras, que 10 billones se han llevado a cabo, pero 4 y medio billones de pesos, una cifra colosal, están prácticamente en la caneca de la basura.

Preocupaciones ciudadanas

Desde luego, las expectativas de la democracia local se concentran particularmente en las grandes ciudades. Entre ellas, Bogotá es la que actualmente despierta mayor interés en cuanto a que viene de un descalabro institucional, perdiendo el norte bajo el cual había sido considerada una de las ciudades milagro de la América Latina. Pero igualmente en otros frentes citadinos, básicamente en las capitales departamentales, se ha despertado una cultura política propia desde que se adoptó la elección popular de alcaldes.

Entre tanto, en todas las encuestas, en las localidades principales del país, el tema de la seguridad es motivo de las más graves preocupaciones ciudadanas. Lo que demuestra que la seguridad ciudadana viene constituyéndose, de hace tiempo, en un problema nacional desplazado por las vicisitudes del orden público y otras circunstancias violentas.

Este, el tema de la seguridad ciudadana, será sin duda el asunto que más ocupará a los candidatos en la próxima justa electoral. Pero con los factores de inseguridad incidiendo en la misma campaña electoral, por la vía de ciertos candidatos, no será fácil lograrlo.

La democracia local, pues, está distorsionada, por un lado por los factores que impiden la seguridad ciudadana y, por otro, por la falta de aplicabilidad de los recursos. Un tema para tener en cuenta, si se quiere fortalecer la democracia como un sistema cuyo fundamento es el bien común y el interés general.

Fuente: BOYACARADIO.COM

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