Contralor de Bogotá deberá responder por detrimento de 19.508 millones en Gobernación de Boyacá

Auditoría de la Contraloría General de Boyacá produjo 80 requerimientos administrativos, 68 disciplinarios, 37 penales y 31 fiscales.

El Contralor de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, dio a conocer el resultado definitivo de un plan general de auditorías en el que develó detrimento de 19.508 millones de pesos en los recursos del departamento, en la Administración del Exgobernador Juan Carlos Granados Becerra.

Gutiérrez Castillo señaló que la investigación, en la que se brindaron todas las garantías procesales, produjo 80 requerimientos administrativos, 68 disciplinarios, 37 penales y 31 fiscales.

Explicó que entre los hallazgos se encuentra el relacionado con el convenio de 2015 celebrado entre el departamento y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá cuyo objeto era “Aunar esfuerzos para la realización de la versión 43 del Festival Internacional de la Cultura”, en cuyo desarrollo del ejercicio auditor, se establece un detrimento de 391 millones de los recursos del departamento de Boyacá, generado por la diferencia existente entre los recursos recaudados por patrocinios y boletería y los reportados por el fondo y liquidados conjuntamente con la gobernación; lo mismo que múltiples irregularidades, en las contrataciones, los pagos y en los documentos soporte de los mismos por lo tanto las cuentas pagadas sin el correspondiente soporte legal se estiman como detrimento por 1.564 millones de pesos.

Denunció que con ocasión del convenio 2143 de 2015 suscrito entre el departamento de Boyacá e INDEPORTES Boyacá para el apoyo a los deportistas clasificados a los juegos nacionales y para nacionales 2015”, en los elementos adquiridos por Indeportes, se determinó que existe un sobrecosto en la compra de 810 maletas de viaje relacionadas en el ítem 15 del contrato 001 suscrito con el consorcio SINERGYM las cuales fueron compradas al valor de ($344.42….8.00) ante de IVA para un valor con IVA de ($400.000), y según la cotización realizada por el equipo auditor de una maleta de la misma marca, pero de superiores y mayores medidas de capacidad, la que se obtiene de la página de internet del almacén T0to, (esto en razón a que en la oferta presentada a INDEPORTES ofertan maletas de esa marca), su valor comercial-incluido IVA-, es $269.900 por maleta en consecuencia se presenta un sobrecosto de 105 millones de pesos.

Dijo que en el contrato 1967 de 2015, celebrado con Transportes Especiales F.S.G.E.U para la “Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial y de carga para el transporte de personal, equipo, herramientas y materiales para atender las actividades de los diferentes programas propuestos por el gobierno departamental en desarrollo del proyecto de fortalecimiento del servicio de transporte de funcionarios y equipos como apoyo a los diferentes programas de la gobernación” contiene pagos sin justificar ni soportar, con un detrimento de 1.200 millones de pesos.

Aseveró que los pagos efectuados con ocasión al convenio 2140 de 2015, suscrito entre el departamento de Boyacá y el Fondo Mixto de Cultura en la primera fase del proyecto consolidación y fortalecimiento para el desarrollo del sector artístico y cultural de Boyacá”, contiene pagos por fuera del objeto del convenio y adicionalmente pagos sin soporte alguno que permita evidenciar que el bien o servicio contratado fue efectivamente recibido, lo que representa un detrimento de 389 millones de pesos.

Indicó que el pago realizado a Tonio Henry Fuentes Saavedra con ocasión del contrato N°SMC 086 de 2015, para la realización de una actividad de avalúo efectuada por él, no no era necesaria porque la Gobernación la pudo adelantar, con perjuicio para las arcas oficiales de 20 millones de pesos.

Expresó que a propósito del proceso de selección abreviada N°029/2015, cuyo objeto fue “Enajenación de maquinaria pesada y vehículos del Departamento de Boyacá”, se vendieron por un valor inferior al que legalmente debieron haberse enajenado, con un detrimento de 1.136 millones de pesos.

Acotó que intereses moratorios generados en el pago de sentencias judiciales en contra del departamento de Boyacá, ocasionados por negligencia y demora injustificada en el pago oportuno de sentencias, produjo una malversación de 752 millones de pesos.

Resaltó que el caso emblemático, de los hallazgos encontrados, es la condena en contra del departamento de Boyacá contenida en el fallo del laudo del 18 de febrero de 2013, ejecutoriado el 5 de marzo de 2013, a favor de la sociedad Autopista Duitama - San Gil S.A., donde se perdieron recursos de los boyacenses por 13.950 millones de pesos.

Subrayó que los implicados tienen el derecho a presentar los recursos correspondientes, pero que su despacho ha dado traslado a la Procuraduría y la Fiscalía, para los asuntos de su competencia.

Enfatizó que en todo caso, la Contraloría General de Boyacá, espera recuperar la suma total de 19.508 millones de pesos, para las arcas del Departamento.

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