Gobernación invertirá en nuevos equipos de seguridad para Puerto Boyacá

Para el proyecto se gestionarán recursos ante el Ministerio de Interior.

Desde muy temprano, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez presidió un Consejo de Seguridad, en Puerto Boyacá, para tomar medidas frente a las causas que alteran el orden público en el municipio. Según el Ejército Nacional, estas causas están asociadas principalmente al microtráfico y otros fenómenos como el abigeato.

Por esta razón, el Gobierno Departamental junto con las autoridades de Policía, Ejército, Fiscalía, Inpec, Alcaldía y Personería, concretó hacerle frente a estos focos de inseguridad, con la adquisición de tres drones y un vehículo de Policía Judicial, con recursos de la Administración Seccional. Además, de gestionar ante la Fiscalía General de la Nación, el apoyo de personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y ante el Consejo Superior de la Judicatura, un Juzgado Penal de Circuito.

También se fijó trabajar conjuntamente por una Estación de Policía y ampliar la cobertura de cámaras de seguridad. Para esto, la Alcaldía de Puerto Boyacá tiene como tarea realizar el diagnóstico para definir en qué puntos claves se instalarán.

"Vamos a seguir trabajando fuertemente con las autoridades. Estamos ya comprometidos, a más tardar en 15 días pasaremos los proyectos de las motos, camionetas, drones y cámaras, que serán muy útiles para tener más seguridad en nuestro municipio", afirmó el alcalde de Puerto Boyacá, Oscar Botero.

Cabe anotar, que para combatir los delitos anteriormente mencionados, las autoridades vienen trabajando con patrullas motorizadas, acciones psicológicas, campaña de judicialización, retenes militares y seguridad en los ejes viales, entre otros.

Inauguración del Centro de Convivencia Ciudadana

Acto seguido, el mandatario de los boyacenses acompañó la inauguración del Centro de Convivencia Ciudadana, proyecto que desde sus pasos por el Congreso, gestionó con el hoy ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño, y que tiene una inversión de más de 1.500 millones de pesos.

El Centro se convierte en un espacio de los habitantes del Magdalena Medio para agilizar la respuesta institucional frente a las problemáticas sociales, mejorar las relaciones de convivencia, el conocimiento de los derechos humanos y el acceso a los servicios de justicia.

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